Desde el año pasado la Cámara de Diputados está en deuda y pese a su alto costo legisla poco, y mal. En ese sentido tienen en “veremos“ la minuta del Senado sobre la trata de personas.

En tanto después de un Foro en la materia, legisladores advirtieron que la trata de personas está cada vez más presente el país, entre las entidades con más denuncias está la ciudad de México, el estado de México, Tlaxcala, Puebla y Chiapas, esta última con mayores niveles de vulnerabilidad por tratarse de migrantes.

La mayoría de los niños que son explotados sexualmente en nuestro país se encuentran en la Riviera Maya, Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara y Tijuana.

Con el compromiso de sacar adelante una nueva ley general de trata, por lo pronto los diputados del PRI César Camacho, del PAN Javier Bolaños, presidente de la mesa directiva y Federico Dóring, así como la diputada del Verde Paola Félix presentaron una iniciativa para incorporar al artículo primero de la Constitución la prohibición de la trata de personas.

La legisladora Felix Díaz señaló que ante la situación alarmante señaló que el tema debe plasmarse en la constitución para frenar los silencios y la indiferencia que existe hacia las distintas modalidades de trata de personas.

Adriana Lizárraga González, titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la PGR informó que en el 2016 se realizaron diversos operativos en los estados de Baja California Sur, Quintana Roo y Tlaxcala, en los cuales se rescató a víctimas de estos delitos.

Detalló que en estos procedimientos se capturó a 23 mujeres y 75 hombres, se abrieron 65 averiguaciones previas y se liberó a 17 personas.

Adriana Lizárraga González pidió a los legisladores convocar a los estados para que homologuen los protocolos de actuación y avance en la armonización de las leyes locales y estatales para facilitar la persecución del delito.

El coordinador del PRI, diputado César Camacho, se comprometió a sumar esfuerzos para contar con el entramado jurídico e institucional, moderno y eficaz, para combatir el delito de trata de personas. /gh/m