La diputada María Victoria Mercado Sánchez, de Movimiento Ciudadano, propuso una iniciativa para reformar el artículo 390 del Código Penal Federal que buscaría inhabilitar hasta 20 años al servidor público que cometa alguna extorsión.

Además, plantea incrementar la pena de dos a ocho años de prisión y de 40 a 160 días de multa a quienes extorsionen a grupos vulnerables como personas con capacidades diferentes, mujeres embarazadas, indígenas, menores de edad y adultos mayores.

La legisladora por Movimiento Ciudadano detalló que la extorsión consiste en obligar a una persona, a través de la utilización de violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial del sujeto pasivo o de un tercero.

"En diferentes ciudades del país se comete este delito, el cual se ha extendido significativamente afectando la tranquilidad, seguridad y patrimonio de miles de personas cada año", afirmó Mercado Sánchez.

Indicó que, de acuerdo con el reporte trimestral de la Asociación Civil Semáforo Delictivo, la extorsión aumentó 30 por ciento, en relación con 2016, y las entidades que presentan mayor número de casos son Nuevo León con 172; Jalisco, 159; Veracruz, 133, y Ciudad de México, 121.

De igual forma, dijo, la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (CANACOPE) en la Ciudad de México estima que los negocios más vulnerables ante este delito son los pequeños y medianos, debido a la facilidad con la que son emprendidos.

La legisladora señaló que la extorsión es uno de los delitos de alto impacto que se reporta con mayor frecuencia en nuestro país y en los últimos años solo se encuentra por debajo del robo o asalto en vía pública o en transporte público, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). /jpc/m