El diputado federal Rafael Hernández Soriano solicitó a la Comisión Permanente que exhorte a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, investigar y fincar las responsabilidades correspondientes a los funcionarios que se negaron a activar la alerta AMBER en el caso de la niña Valeria, a realizar la reparación del daño de acuerdo a los estándares internacionales y ofrecer disculpas públicas por la negligencia ocurrida.

El legislador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) también pidió que las Fiscalías de todas las entidades federativas se apeguen, de manera estricta y sin dilación, al protocolo establecido para activar la alerta AMBER.

Asimismo, urgió dictaminar la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, a efecto de que el Ejecutivo Federal pueda iniciar el desarrollo de un protocolo específico de búsqueda inmediata de niñas, niños y adolescentes desaparecidos.

“Entre las principales fallas de la autoridad (en el caso de la niña Valeria, quien fue víctima de abuso sexual y homicidio) se encuentra no haber activado de inmediato la alerta AMBER, pues de acuerdo con Dilcya García, fiscal Central de Delitos de Género de la Fiscalía del Estado de México, los padres de la menor presentaron la denuncia, entre 2 y 3 de la mañana, emitiéndose la alerta, aproximadamente hasta las 12 del día”, aseguró el legislador.

El Punto de Acuerdo establece que el Estado de México es la entidad donde ocurre el mayor número de homicidios en contra de niñas y mujeres adolescentes. Asimismo, aun cuando el promedio nacional es de 139 personas desaparecidas, el estado registra un total de 975 casos, de los cuales, el 70 por ciento corresponde a niñas y adolescentes mujeres.

“Las autoridades se niegan, sistemáticamente, a activar la alerta de manera inmediata. Un caso reciente fue el de Jennifer Flores, en el que la Fiscalía indicó a sus familiares que activar la alerta pondría en riesgo la vida de Jennifer y estarían a alertando a quienes pudieron haberla secuestrado”, menciona el documento presentado ante la Comisión Permanente.

Cabe señalar que, en el 2015, la Procuraduría General de la República, instancia coordinadora nacional del Programa de Alerta AMBER México, realizó reuniones regionales con los titulares de los programas estatales con el objetivo de revisar la implementación y operación del Programa en cada entidad, así como identificar y analizar áreas de oportunidad por región.

“La eficacia de este protocolo radica en que se debe activar en las tres primeras horas posteriores a la desaparición. De esa manera, existe 90 por ciento de probabilidad de encontrarlos con vida y en buen estado. Más aún, de acuerdo con la alerta de género, las primeras 24 horas son cruciales”, indicó el diputado federal.

Como ejemplo - menciona el punto de acuerdo- en Puebla, de un total de 375 menores de edad que desaparecieron, sólo en 70 ocasiones se emprendió este tipo de búsqueda, es decir, 18 por ciento, mientras que en el resto de los casos se desconoce la razón del por qué no se actuó de la misma forma.

De 2012 a 2016, la PGR activó 713 alertas AMBER y localizó a 482 menores (70 por ciento) informó el Gobierno Federal a la ONU. Sin embargo, una investigación de la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM) señala que entre 2006 y 2014 más de 6,700 niños, niñas y adolescentes fueron reportados como desaparecidos. /gh/m