México vive un proceso de envejecimiento acelerado por lo que para 2020 se estima un crecimiento de 2.7 millones de adultos mayores, en consecuencia, dentro de 15 o 20 años los tres niveles de gobierno, deberán establecer legislaciones; además de políticas públicas de salud y sociales, para atender situaciones propias de la tercera edad, así como crear circunstancias que les permitan contar con una vida digna, alertó la Dirección General de Servicios de Documentación Información y Análisis (SEDIA) de la Cámara de Diputados.

Lo anterior se revela en el documento "Adultos mayores. Análisis Integral de su Situación Jurídica en México", donde la SEDIA precisó que, de acuerdo con las proyecciones de Consejo Nacional de Población (Conapo), México está encaminado a un perfil envejecido.

Señala que la población menor de 15 años disminuirá de 33.9 millones de personas en 2010, a 32.7 millones en 2020 y a 28.9 millones en 2050. El grupo de adultos mayores (65 años y más), aumentará su tamaño de 7.1 millones en 2010, a 9.8 millones en 2020 y a 23.1 millones en 2050.

Ante tales escenarios, tanto México como otros países han establecido diversos instrumentos y mecanismos de protección hacia este sector.

A pesar de que en la Constitución no se establece una protección especial, implícitamente los apoya a través del derecho a la no discriminación por motivos de edad, elemento que distingue a los adultos mayores.

Además, cuenta con la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual tiene por objeto garantizar su ejercicio para beneficio de esta población.

Expone que de la 61 legislatura a la fecha, han sido presentadas en la Cámara de Diputados 64 iniciativas, cuyos temas están relacionados con los adultos mayores, entre los que destacan nuevos conceptos como los de albergue, asilo o casa hogar, residencia o centro de día.

Éstas proponen ampliar la edad que se tomará en cuenta para considerar a una persona como adulto mayor de 60 a 65 años; incorporar nuevos derechos; reconocer a la Geriatría como una especialización; dar protección contra el maltrato; expedir una credencial para votar para adultos mayores; tipificar como delito el abandono de esta población; buscar reincorporarlos a la vida productiva; darles acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones, y crear la Procuraduría para la Defensa de las Personas Adultas Mayores. /psg/m