El diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez impulsa un punto de acuerdo para reforzar la protección para jueces y magistrados federales que resuelven temas relacionados con la delincuencia organizada y el narcotráfico, a fin de garantizar su integridad física y la de sus familias.

El legislador priista refirió que las amenazas, agresiones y ataques directos son fenómenos cada vez más comunes para impartidores de justicia en el país, sobre todo cuando se trata de casos vinculados con grupos criminales. La labor de un juez, señaló en un comunicado, es de las actividades profesionales de más riesgo debido a que sus decisiones afectan intereses al fincar responsabilidades y derechos con sus sentencias.

Expuso que de acuerdo con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, la protección cuenta con apoyo y colaboración de la Secretaría de Gobernación, Policía Federal, Ejército Mexicano y Marina Armada de México, así como de la policía capitalina, esto último para jueces que radican en la Ciudad de México.

El Gobierno Federal, explicó, ha impulsado estrategias para garantizar la integridad de los servidores públicos del Poder Judicial; sin embargo, “se ha detectado que algunos impartidores de justicia tienen que renunciar al proceso o actuar en favor de algún grupo delincuencial o líderes".

Sánchez Sánchez detalló que en el país hay unos mil 403 jueces y magistrados, sólo 79 cuentan con alguna medida de protección, derivado de alguno de los fallos o asuntos que se encuentran resolviendo.

Precisó que el Consejo de la Judicatura Federal ha tomado una serie de medidas, aunque la mayoría de los funcionarios que tienen una protección están en juzgados ubicados en penales federales y entidades con presencia del crimen organizado.

Desde 2014, resaltó, el Consejo de la Judicatura Federal ha puesto en marcha un protocolo de seguridad dirigido a jueces, por lo que a algunos de ellos se les ha provisto de vehículos blindados, escoltas, chalecos protectores y radios de comunicación. Sin embargo, estas medidas resultan insuficientes pues la gran mayoría no tiene acceso a ellas, a diferencia de España, Colombia y Estados Unidos, donde se ofrece una protección prácticamente generalizada.

El diputado consideró que las medidas de protección permitirán que lleven a cabo sus actividades de forma segura, imparcial, objetiva y sin interferencias al debido proceso; son una inversión para el Estado de derecho. Por ello, consideró urgente que se contemple seguridad personal, en algunos casos una evacuación, reubicación temporal, escoltas de cuerpos especializados, protecciones a inmuebles, así como todas las medidas necesarias para salvaguardar la vida, integridad y libertad de los impartidores de justicia. bmj/m