La diputada federal de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores Gómez, promueve un exhorto para garantizar la participación política y la erradicación de la violencia contra las mujeres durante el proceso electoral 2018.

El punto de acuerdo solicita aplicar el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres al Instituto Nacional Electoral, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Asimismo, a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia.

El documento enviado a la Primera Comisión de la Permanente y a la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales y Federales de 2018 detalla que el Protocolo publicó su tercera edición en noviembre de 2017 a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La legisladora refirió que de 2012 a 2016 se detectaron 156 casos de violencia política contra las mujeres en el país, principalmente en la Ciudad de México, Tlaxcala, Chiapas y Oaxaca.

De esos casos, abundó mediante un comunicado, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales registró 92 en 2015, 60 en 2016, tres en 2012 y uno en 2013.

Expuso que el contexto político electoral de 2018, exige a las instituciones los más altos estándares de profesionalización y coordinación para prevenir y erradicar la violencia política en razón de género.

La legisladora señaló que aunque en México las normas en la materia aún están pendientes, las reformas constitucionales de 2011 y en una interpretación integral del sistema jurídico mexicano, el respeto a los derechos políticos de las mujeres debe ser tutelado por el Estado.

En este sentido, refirió que las convenciones de los Derechos Políticos de la Mujer y la Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer señalan que ese sector tiene derecho al acceso igualitario a las funciones públicas y a participar en los asuntos públicos, incluida la toma de decisiones.

Además, añadió, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen el principio de igualdad, el derecho de los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos, a votar y ser votados, así como el acceso a las funciones públicas.

Flores Gómez agregó que para cumplir con ese mandato, la CEDAW reconoce la importancia de que los Estados implementen acciones afirmativas para garantizar la participación de las mujeres en la vida política en condiciones de igualdad.