Notimex: Los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza en la Cámara de Diputados presentaron una iniciativa que expide la Ley General de Comunicación Social, la cual reglamenta el párrafo octavo del Artículo 134 Constitucional, que tiene por objeto garantizar que el gasto en la materia cumpla con eficacia, honradez y transparencia.

A fin de dar cumplimiento a la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al Congreso de la Unión de regular la publicidad gubernamental a más tardar el 30 de abril, la propuesta fue presentada en tribuna por la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mercedes del Carmen Guillen Vicente, a donde se turnó para dictamen, mientras que a la de Presupuesto y Cuenta Pública se envió para opinión.

Tiene por objetivo reglamentar el modelo de propaganda gubernamental, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno.

Además, pretende garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, respetando los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que correspondan.

El documento, que contiene 45 artículos, aborda aspectos como: disposiciones generales, campañas de comunicación social, informes anuales de labores, padrón nacional de medios de comunicación, recursos presupuestarios, tiempos comerciales, de Estado, fiscales y oficiales, entre otros.

Se propone que la ley entre en vigor el 1 de enero de 2019, a efecto de que tanto el Presupuesto de Egresos de la Federación para este ejercicio fiscal, como los Lineamientos generales para las campañas de comunicación social continúen aplicando en 2018.

Los entes públicos federales podrán destinar recursos presupuestarios para tiempos comerciales, a través de los medios de comunicación, siempre y cuando privilegien y hayan solicitado en primera instancia los tiempos de Estado y éstos no estuvieran disponibles en los espacios solicitados.

Se establece la obligación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal de registrar en el Sistema Público, dentro de los primeros 10 días naturales siguientes a la terminación de cada mes, la información desglosada por partida presupuestal de las erogaciones referidas a gasto en campañas de comunicación social.

Los medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de comunicación social, deberán estar inscritos previamente en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación, que deberá crear la Secretaría de Gobernación.

La revisión y fiscalización de esos recursos públicos federales se realizará a través de la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

Con el fin de hacer transparentes el uso de recursos públicos, los sujetos obligados incorporarán un informe semestral sobre el gasto en publicidad oficial en su portal de transparencia.

Se determina que las campañas de comunicación social deberán promover la difusión y el conocimiento de los valores, principios y derechos constitucionales, así como las campañas de turismo, educación, salud y protección civil, entre otras.

Además, se propone prohibir las campañas de comunicación social con mensajes que impliquen un ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoquen algún delito o perturben el orden público.

En los artículos transitorios se precisa que el Ejecutivo federal deberá realizar las adecuaciones reglamentarias correspondientes en un plazo que no exceda de 120 días, a partir de la publicación de este decreto en el Diario Oficial de la Federación. dlp/m