Angélica Melin Campos, reportera: En la Cámara de Diputados, especialistas y congresistas de oposición alertaron sobre las graves consecuencias de la utilización del dinero público o privado e incluso de origen ilícito en proceso electorales.

El diputado presidente de la Comisión Especial de seguimiento al uso de recursos ilícitos en elecciones, Juan Romero; el panista Juan Pablo Piña y la coordinadora del Laboratorio Anticorrupción de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Irma Eréndira Sandoval, subrayaron que esa práctica cada vez más afianzada en México, debilita la democracia.

“Dice la ONU, se encuentra amenazada por cinco factores, en primer lugar el financiamiento político descontrolado, no revelado y turbio, que lo que podría robarle a las democracias, ya lo hemos dicho, es su fortaleza para promover la igualdad política. En segundo problema señalado en este informe tiene que ver con la práctica generalizada de abusar de las finanzas públicas para beneficiar determinadas candidaturas”, recalcó.

“El tercer problema se refiere a la posibilidad de algunos países de que el crimen organizado pueda comprar influencias políticas y protección a cambio de financiamiento en las campañas”, factores a los que se suman, abundó, la pobreza aprovechada para practicar la compra y coacción del voto; así como la capacidad de corromper a las instituciones.

Durante su presentación, Sandoval Ballesteros emitió posturas críticas contra el Gobierno Federal y en especial el Presidente Enrique Peña.

Recalcó que la elección del 2012 fue un “punto de inflexión de la corrupción estructural en el país”, el Gobierno Federal buscó “coartadas”, para encubrir el gasto millonario en elecciones proveniente de fuentes privadas, “probablemente” del crimen organizado, sentenció.

Recordó el caso Monex, en torno al que la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados encontró elementos de triangulación de financiamiento a través de monederos electrónicos y movimientos bancarios característicos del “lavado de dinero”, en la campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2012.

La especialista señaló que por ese tipo de sucesos, la discusión nacional e internacional se ha centrado en el uso del dinero en la política y las elecciones, donde actores “ominosos de poder” son el crimen organizado, medios de comunicación e incluso empresas trasnacionales, como lo ha señalado la ONU.

En su intervención, la experta en materia electoral, Ana Sáiz, agregó que un ejemplo de presunción de desvío de recursos públicos a campañas electorales, es el de la “Estafa Maestra”.

Apuntó que investigaciones e información periodística reciente revelaron desvíos de recursos destinados a beneficiarios de programas de apoyo al campo, de la Secretaría de Agricultura (SAGARPA), lo que obliga a revisar si esa situación está asociada al actual proceso electoral.

Tras indicar que el gasto de los candidatos a la Presidencia de la República este 2018, es de tres millones 87 mil pesos diarios por cada abanderado, la ponente recalcó que ante ese nivel de uso de recursos, es necesario verificar si su origen es público o privado, o bien, irregular; a fin de presentar las denuncias ante las autoridades correspondientes. dlp/m