Sergio Perdomo, reportero: Con la supresión del fuero o inmunidad constitucional a los funcionarios, incluido el Presidente de la República, aprobada hoy por el pleno de la Cámara de Diputados, por fin se hace a un lado la posibilidad de evadir la acción de la justicia al amparo de un cargo público y se atiende una demanda social que acaba con ese privilegio, aseveró el diputado Virgilio Caballero Pedraza, Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena.

Al presentar el posicionamiento de dicha bancada en torno a las reformas a diversos artículos de la Constitución Mexicana para eliminar el fuero a los servidores públicos, expresó que con ello la izquierda en este país ve el cumplimiento de una demanda histórica.

“Esta Legislatura pasará a la historia al atender una demanda social que pone fin a estos privilegios.

Con este dictamen se pone un alto a la protección de quienes han abusado de un puesto público para malversar los fondos públicos desde hace décadas”, puntualizó.

Desde la máxima tribuna del país, explicó que la idea del Constituyente de 1917 cambió de manera sustantiva, pues en un inicio era proteger a los legisladores, que a partir de la expresión de sus ideas o manifestaciones ideológicas para la formulación de leyes en el Congreso dela Unión herían la susceptibilidad del Presidente de la República o de sus afines.

“No obstante la protección constitucional, se dieron casos de legisladores que fueron sujetos a procesos penales bajo criterios de juzgadores que consideraban una amenaza la manifestación de las ideas en contra del Gobierno”, enfatizó el también integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Recordó que el Presidente Plutarco Elías Calles promulgó una reforma al Artículo 111 de la Carta Magna para amparar también al Poder Judicial, bajo el argumento que la decisión de un juez podría oponerse a las opiniones del Poder Ejecutivo, por lo cual fue necesario otorgarles la protección constitucional.

Sin embargo, agregó, en 1982 el entonces Presidente priista Miguel de la Madrid amplió la inmunidad constitucional a los altos funcionarios, medida que se tradujo en impunidad, protegiendo a los ladrones del erario de la acción de la justicia. dlp/m