La diputada María Victoria Mercado Sánchez, de Movimiento Ciudadano, promueve reformas al Artículo 390 Bis del Código Penal Federal para aumentar las sanciones a los padres de familia que oculte, transfiera o adquiera a nombre de terceros bienes, a fin de no pagar la pensión alimentaria correspondiente.

De acuerdo con un comunicado, la también secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables busca que en el Código Penal se estipule un castigo de cuatro años de prisión y hasta 500 días de multa, pues en la actualidad se contempla la pena de uno a cinco años y hasta 300 días de sanción económica.

Sostuvo que de acuerdo con datos de la Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia. Añadió que esta problemática es generada por una serie de falsedades que los deudores alimentarios emplean para evadir su responsabilidad, por ejemplo; manifiestan que su salario es inferior al que en realidad perciben o solicitan a su patrón o a las empresas donde trabajan que informen que sus ingresos son menores.

En el país, argumentó, 67.5 por ciento de las madres solteras no reciben pensión alimenticia, mientras que 11.8 millones viven en situación de pobreza y están ubicadas en mayor porcentaje en los estados de Chiapas, Guerrero, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, refiere que la principal consecuencia de la disolución del vínculo matrimonial es la afectación que sufren niñas y niños por el abandono emocional del padre, pero se torna más difícil cuando se vulnera su derecho a la alimentación y se coloca a las madres de familia en desventaja.

Por ello, destacó la diputada Mercado Sánchez, de aprobarse esta reforma se lograría velar y cumplir con el principio de interés superior de la niñez, y se garantizaría la satisfacción de sus necesidades básicas para su desarrollo, como la alimentación, educación, salud, vivienda y recreación. bmj/m