La diputada Cristina Gaytán Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, planteó la modificación de la Ley General de Víctimas para que la reparación integral del daño pueda realizarse con una combinación de dinero y en especie, en un plazo no mayor a 180 días naturales.

Se trata de una iniciativa de reformas al Artículo 155 de dicho ordenamiento, la cual fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, a fin de no postergar acciones que permitan, a quienes sufrieron un delito, superar las secuelas de ese hecho.

Dicha ley establece mecanismos de reparación del daño para víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos, y para dar cumplimiento a sus preceptos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones respectivas constituidas en los estados se encargan de efectuar la reparación en términos legales.

Gaytán Hernández precisó que la Ley General de Víctimas establece plazos perentorios para acceder a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, además, de que la Comisión Ejecutiva tiene 90 días para determinar el monto de una compensación en forma subsidiaria.

“Sin embargo, no cuenta con un plazo establecido para efectuar la reparación integral del daño a las víctimas, por lo cual hay procesos aún inconclusos de personas víctimas que no han sido objeto de la reparación del daño que por derecho les corresponde”, comentó.

Esta situación retrasa el proceso de superación de las condiciones de vulnerabilidad de la víctima y las coloca en condiciones agravadas debido a situaciones derivadas del delito hecho que dio origen a la victimización, o sin herramientas emocionales, físicas, de salud o materiales que les permitan superarlo.

Por ello, propuso establecer en el Artículo 155 que la reparación integral pueda pagarse con una combinación de moneda nacional y en especie o con la resolución dictada por la Comisión Ejecutiva.

Además, que en cualquiera de las formas en que sea determinada la reparación integral, ésta deberá efectuarse en un plazo máximo de 180 días naturales, contados a partir de la resolución dictada por esa comisión, se informó en un comunicado. /jpc/m