La diputada Aleida Alavez Ruiz, de Morena, presentó la iniciativa de ley sobre Régimen de Capitalidad de la Ciudad de México, a fin de establecer las bases de coordinación entre los poderes federales y locales.

Esta norma, reglamentaria del Artículo 122 constitucional, establece los asuntos en que debe existir coordinación interinstitucional y aquellos que requieren de financiamiento del capital de la República, además define los casos en que el presidente puede remover al titular de Seguridad Pública de la Ciudad de México.

Respecto de la coordinación entre esos poderes para mejorar la efectividad del mecanismo de capitalidad, se propone la creación de una comisión interinstitucional que coordine la organización y celebración de actos oficiales de carácter de Estado.

También plantea la seguridad ciudadana siempre que esté relacionada con la protección de las personas y sus bienes en acontecimientos internacionales o nacionales, que se celebren en la Ciudad de México, por ser la capital del país.

Precisa que a la Ciudad de México le cuesta 12 mil millones de pesos anuales ser sede de los Poderes de la Unión, por lo que el gobierno federal deberá incluir en su proyecto anual de Presupuesto de Egresos recursos para que la ciudad cuente con un Fondo para la Capitalidad, los cuales serán independientes de los que recibe de otros ramos presupuestales de la Federación.

Por su parte, el gobierno de la Ciudad de México podrá destinar los recursos de ese fondo a programas y proyectos para infraestructura y equipamiento en materia de procuración de justicia, readaptación social, protección civil y rescate, considerando la capacitación que requieran los servidores públicos que realicen actividades en esas materias.

Además, los podrá destinar para invertir en la reconstrucción de infraestructura pública dañada como consecuencia de fenómenos naturales perturbadores, y en infraestructura vial primaria y secundaria, entre otros.

La iniciativa precisa que los bienes inmuebles de la Federación ubicados en la Ciudad de México estarán bajo la jurisdicción de los poderes federales, pero deberán pagar las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Indica que las entidades federativas, municipios con representaciones en esta urbe, institutos políticos nacionales, entidades paraestatales, empresas productivas del Estado y entidades de control directo, también pagarán las contribuciones de los servicios públicos que presta el gobierno de la ciudad y las alcaldías. /gh/m