La bancada del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados, propuso catalogar como delito grave el subejercicio de recursos públicos en dependencias federales.

El diputado Carol Antonio Altamirano presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece como falta grave el no ejercicio de los recursos aprobados en el presupuesto.

Subrayó que es necesario evitar el manejo discrecional del erario, imponiendo sanciones severas como la suspensión, destitución, multas económicas e inhabilitación temporal del servicio público, a quienes incurran en esa práctica.

Antonio Altamirano recalcó que los subejercicios presupuestales repercuten en principal medida en programas sociales, lo que implica afectación a la población de menores recursos.

Puntualizó que la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ya contempla que lo subejercicios deben ser sancionados conforme a la ley General de Responsabilidades, sin embargo, dicha norma no describe con precisión qué es un subejercicio.

Agregó que ese tipo de medidas deben acompañar el plan de austeridad del siguiente gobierno, que prevé legalidad y eficiencia en la aplicación del presupuesto.

Indicó que, de acuerdo al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, en 2017 se registró un subejercicio de 16 mil millones de pesos, de los cuales seis mil millones se dejaron de ejercer en la Secretaría de Agricultura; cuatro mil millones no se aplicaron en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; mientras que, en el área de Salud, el subejercicio fue de dos mil millones; y en Educación Pública, de mil millones de pesos.

A la par de los subejercicios, se presenta el fenómeno del gasto excesivo, como ocurrió en la Secretaría de Gobernación, que registro un gasto extraordinario por cuatro mil millones de pesos adicionales al presupuesto autorizado, advirtió.

Esto hace pensar que se hizo uso discrecional del erario, quitando dinero a determinadas dependencias, para destinarlo a otras, sin control ni vigilancia por parte del poder legislativo y la sociedad, advirtió.

Al sentenciar que estas prácticas son “intolerables” y los servidores públicos que incurren en ellas deliberadamente, son “unos ineptos” que no deberían estar en la administración pública, el legislador pidió que el planteamiento avance en comisiones.

La iniciativa será turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su estudio y eventual aprobación, en cuanto dicha instancia parlamentaria esté instalada. /jpc/m