La Comisión Permanente del Congreso de la Unión será espacio para el debate sobre el desabasto de gasolinas, propiciado por la estrategia de combate al robo de combustibles del Gobierno Federal.

En distintos puntos de acuerdo, diputados y senadores del Movimiento Ciudadano (MC), del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido del Trabajo (PT), pedirán desde informes sobre la situación, hasta la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Energía (SENER) y PEMEX.

En el caso del MC, los senadores Clemente Castañeda y Samuel García, propondrán a través de distintos puntos de acuerdo, que el Ejecutivo Federal, informe al Legislativo, a través de PEMEX y la Secretaría de Energía (SENER), sobre las acciones que ocasionaron la carencia de combustibles, qué se hará para atender la contingencia y cuál ha sido el costo de la “nueva estrategia” de transporte de energéticos.

También demandarán someter a revisión la logística de distribución de combustibles, implementada por el Ejecutivo Federal, en particular en los estados de Michoacán, Hidalgo, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Querétaro y Aguascalientes.

Por la bancada del Sol Azteca, el coordinador en el Senado, Miguel Mancera; la vicecoordinadora en San Lázaro, Verónica Juárez, así como el senador Obed Maceda, pedirán que el Gobierno Federal normalice el suministro en las entidades afectadas, entre las que figuran Michoacán, Jalisco, Estado de México y Querétaro, entre otros.

Asimismo, el PRD en el Congreso planteó un punto de acuerdo para llamar a rendir cuentas a los titulares de la Secretaría de Hacienda (SHCP) y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para explicar el incremento constante de los precios de las gasolinas.

Los legisladores del albiazul también solicitarán llamar a reunión de trabajo a la titular de la Secretaría de Energía (SENER), Rocío Nahle; y al director de PEMEX, Octavio Romero Oropeza, para evaluar el fenómeno del desabasto.

En el mismo sentido, los diputados y senadores del PRI, promoverán un punto de acuerdo de urgente resolución, para que la secretaria Nahle García y el director Romero Oropeza, aclaren las causas de la crisis de hidrocarburos que afecta a distintos estados.

Por el Partido del Trabajo (PT), la diputada Claudia Angélica Domínguez, solicitará que la Fiscalía General de la República investigue los casos de robo de hidrocarburos y proceda penalmente contra quien corresponda.

De igual modo el senador del PT, Joel Padilla, demandará a las autoridades que se actúe contra lo que llamó el “huachicoleo de cuello blanco”.

Alcaldes fijarán postura sobre la Guardia Nacional

En la Cámara de Diputados se llevará acabo el segundo día de las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional, donde se abordará el tema a nivel municipal.

Este miércoles 9 de enero, se presentarán integrantes de la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM); de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC); de la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM); y de la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC).

Se prevé la asistencia de 15 alcaldes, quienes plantearán sus puntos de vista respecto a la creación del nuevo cuerpo de seguridad militar policiaco.

En ese marco, se programó la participación de los alcaldes y alcaldesas de Mérida, Morelia, Playa del Carmen, Chihuahua, Guadalajara, San Nicolás de los Garza, Ciudad Juárez, Tijuana, Reynosa, Acapulco, Puebla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Berriozábal y San Pedro Garza.

En la primera serie de audiencias, los mandatarios de entidades como Michoacán, Veracruz, Chihuahua, Colima, Zacatecas, Hidalgo, Campeche y Jalisco, agrupados en la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), se pronunciaron a favor de aprobar la reforma en materia de Guardia Nacional, pero con cambios a la propuesta del Ejecutivo Federal, presentada a través de la mayoría legislativa.

Lo anterior, a fin de establecer que el mando de esa corporación será civil, garantizar respeto al federalismo y establecer un plazo claro para que la Guardia se convierta en un cuerpo completamente civil.

Los gobernantes asistentes coincidieron en demandar que no se faculte al Ejecutivo para desaparecer policías locales, no se autoricen recortes a recursos a los estados en materia de seguridad, y que los elementos de la Guardia no realicen tareas de investigación, como establece el dictamen aprobado en comisiones en San Lázaro.

Instalarán comisiones de trabajo de la Comisión Permanente

En el marco de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se instalarán las tres comisiones de trabajo que fungirán durante el periodo de receso en que se encuentra el Legislativo, y que deberán desahogar los puntos de acuerdo presentados por diputados y senadores.

La Primera Comisión, abordará los asuntos de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

La Segunda Comisión tratará temas de Relaciones Exteriores , Defensa Nacional y Educación Pública.

En tanto, la Tercera Comisión se centrará en cuestiones de Hacienda y Crédito Público, Agricultura, Comunicaciones y Obras Públicas.

El acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, sobre la integración de las comisiones de trabajo establece que la Primera Comisión será presidida por un integrante de la Bancada del Movimiento de Regeneración Nacional.

La Segunda Comisión de trabajo será presidida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y la Tercera Comisión, por un legislador del Partido Acción Nacional (PAN).

Diputados retomarán análisis de juicios políticos

En la Cámara de Diputados, se alista la instalación de la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos, que operará en la LXIV Legislatura.

En archivos, los congresistas tienen cerca de 200 asuntos acumulados que deberán ser sometidos a revisión en el orden en que se fueron presentando desde el año 2003 a la fecha.

Entre las últimas denuncias de juicio, figuran procedimientos contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por el tema de la Ley de de Remuneraciones.

En la pasada Legislatura, donde la Subcomisión retomó labores después de 13 años de inactividad, se desecharon cerca de 200 denuncias de juicio político al ser consideradas improcedentes.

En algunos casos el denunciado falleció o bien, se agotó el plazo de un año después de finalizar su encargo, para hacer efectivo el juicio político.

A finales de la LXIII Legislatura, que terminó en agosto de 2018, se habían acumulado más de 390 solicitudes de juicio político contra funcionarios, ex funcionarios, gobernantes, ministros y consejeros electorales, entre otros servidores públicos.

En algunos de esos expedientes, persisten denuncias contra el ex Presidente Enrique Peña Nieto; magistrados electorales, ex gobernadores como Graco Ramírez, de Morelos; el ex director de PEMEX, Emilio Lozoya; el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte; el ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz; y el ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo, acusado por el caso Ayotzinapa.

La Subcomisión de Examen Previo, integrada por 14 miembros de las comisiones de Justicia y Gobernación de San Lázaro, será presidida por la titular de esa última instancia parlamentaria, la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Rocío Barrera.

Tendrá como co-presidenta a la titular de la Comisión de Justicia, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Pilar Ortega. ys/m.