Francisco Javier Ramírez Navarrete, diputado federal de Morena, presentó una iniciativa con el objetivo de que sea la Secretaría de Gobernación la encargada de vigilar y controlar los juegos con apuestas y sorteos, así como fungir como la encargada de establecer y estipular horarios de apertura y cierre, regulando así la operación adecuada de los lugares donde se realizan apuestas, juegos y sorteos.

En su iniciativa, el legislador propone modificaciones al primer párrafo del artículo 7 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, para que se aplique el concepto real de casino y se evite que se promuevan prácticas nocivas.

“Hoy este tipo de lugares fomentan la cultura del ocio, debido a que los apostadores tienen la posibilidad de enriquecerse fácilmente a través del juego. Ponen en riesgo económico a las familias de los apostadores y reducen su capacidad de ahorro.

Además, generan problemas sociales como la inseguridad pública, drogadicción, prostitución, ludopatía”, dijo.

El diputado de Morena recordó que, de acuerdo con datos del Centro de Atención de Ludopatía y Crecimiento Integral, en México, hasta el año 2013 había alrededor de 4 millones de ludópatas, y este número va en aumento, “debido en gran medida a que, en la actualidad, las personas no necesariamente tienen que acudir a un casino o centro de apuestas para hacerlo, pues solamente tienen que bajar una aplicación en su celular para jugar”.

El legislador aseguró que los casinos también están asociados con la falta de generación de riqueza nacional, debido a que “son incapaces de producir bienes y servicios, por el contrario, le restarían recursos monetarios a la economía y no generan beneficios sociales en los lugares donde se instalan u operan”.

Ramírez Navarrete señaló que en México operan actualmente 409 casinos, y son los estados de Nuevo León, Baja California, Ciudad de México, Jalisco y el Estado de México donde se concentra el 48% de esos establecimientos, y aseguró que en las entidades donde más se apuesta también se puede observar el mayor índice de ciudadanos que se declaran en bancarrota.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Gobernación y Población para su análisis y dictaminación /lgg/m