En un acuerdo de consenso, con la participación de los ocho grupos parlamentarios, incluido Morena, la Comisión Permanente del Congreso exhortó a dejar sin efecto la reforma promovida en el Congreso de Baja California que alargaría de 2 a 5 años la gestión del morenista Jaime Bonilla.

"La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Congreso y a los Ayuntamientos del Estado de Baja California, a dejar sin efecto el Decreto número 112, de reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, aprobado el 8 de julio de 2019, y en consecuencia realice las acciones correspondientes, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado Libre y Soberano de Baja California, para garantizar el orden constitucional y el respeto al pacto federal", reza el punto de acuerdo aprobado esta tarde.

En sus posicionamientos, los legisladores tundieron el acuerdo del Congreso de Baja California, considerando que es insostenible, y acusaron corrupción, atropello, abuso y una violación a la constitucionalidad.

El senador perredista Antonio García Conejo fustigó "el descarado acto de ilegalidad y de corrupción" que implica, sostuvo, alargar de manera injustificada el periodo de Gobierno del morenista Bonilla.

Carlos Alberto Puente, senador del PVEM, advirtió un acto reprobable, pues no se puede permitir que mediante la ilegalidad se pretenda imponer a un gobernante por más tiempo para el que fue electo.

Por Morena, el diputado Raúl Bonifaz confió en que, apelando a la responsabilidad y sensibilidad política, los Poderes de Baja California frenarán la reforma.

"El actuar del Congreso de Baja California es totalmente cuestionable, por lo que aprobamos como fracción parlamentaria de Morena el exhorto respetuoso de prudencia y sensatez de las autoridades locales. De igual modo, respaldaríamos la posible impugnación de la reforma a la Constitución local, en caso de que los entes legitimados interpongan la controversia constitucional", expresó en tribuna.

La senadora Nancy de la Sierra, del PT, expuso que los ciudadanos de Baja California eligieron a un gobernador para un periodo de dos años, por tanto, la modificación al artículo octavo transitorio de la Constitución estatal atenta contra la voluntad del electorado.

La diputada María de Jesús Rosete, del PES, acusó que en Baja California se está violentando la constitucionalidad y legalidad de los procesos electorales. (Reforma.com)