A nombre de la Comisión de Gobernación y Población, la diputada Rocío Barrera Badillo presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio y reforma diversos ordenamientos, a fin de dotar al Estado mexicano de una herramienta que le permita combatir el fenómeno delincuencial a través del debilitamiento de su economía.

La legisladora explicó que la extinción de dominio ha sido una figura subutilizada, en la que ya se habían identificado carencias, insuficiencias e imprecisiones, por ello, se promovió una reforma constitucional, que además de contemplar nuevos hechos delictivos por los que se podría iniciar la acción de extinción de dominio, unifica visiones y procedimientos.

La nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio, explicó, establece las bases para declarar la pérdida de los derechos sobre bienes de personas físicas o morales a favor del Estado, cuando estos bienes se encuentren vinculados con la comisión de un hecho ilícito.

Asimismo, incorpora mecanismos de cooperación internacional, abordando lo relativo a los bienes que se encuentren en el extranjero o sujetos a la jurisdicción de un estado extranjero, las medidas cautelares y las ejecuciones de sentencia que se dicten con motivo del procedimiento de extinción de dominio.

Además, para responder de manera efectiva, eficaz y directa, se prevén modificaciones para unificar diversos ordenamientos, como es el Código Nacional de Procedimientos Penales; la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; la Ley de Concursos Mercantiles y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Respecto a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, apuntó Rocío Barrera, se instaura el Gabinete Social de la Presidencia de la República, como la instancia colegiada de formulación y coordinación de la asignación y transferencia de los bienes asegurados y decomisados en los procedimientos penales y los obtenidos mediante extinción de dominio.

El gabinete social, dijo, tendrá como función definir y supervisar las pautas, criterios, planes, programas, proyectos y acciones institucionales e interinstitucionales, mediante los cuales se determine la pertinencia de la asignación o transferencia de bienes.

Asimismo, determinará el destino de los bienes extintos, asegurados o decomisados, al pago de las erogaciones derivadas de la ejecución de programas sociales, conforme a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo u otras políticas prioritarias. (Enfoque Noticias)