El diputado Antonio Ortega Martínez, aseguró que es necesario adecuar el paquete económico, ante el riesgo de que Estados Unidos decida no ratificar el TMEC, debido a que no existe claridad respecto al presupuesto para implementar la reforma laboral, prioritaria en esta alianza.

A nombre del grupo parlamentario del PRD, el Secretario de la Comisión de Hacienda e integrante de la de presupuesto dijo que la Cámara de Diputados “no puede enviar señales negativas a los observadores norteamericanos que esperan un error para acusar que el T-MEC no debe ser ratificado porque México incumple las reformas a las que se ha comprometido.

Durante la séptima reunión ordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Ortega Martínez reiteró la exigencia de que el Legislativo haga valer su carácter soberano y no tener a nadie por encima de su potestad, por lo que emplazó a las y los legisladores de Morena a dejar claro ante la ciudadanía si asumirán o no su papel de poder independiente para realizar cambios al paquete económico 2020, que debe estar totalmente definido y aprobado antes del 15 de noviembre.

En este marco, el perredista convocó al presidente de la Comisión de Presupuesto, el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, a dejar clara la postura que tomará su grupo parlamentario pues recordó que el año pasado se hizo saber a la oposición que había instrucciones de no hacer cambios y, por ende, ya no se discutió más.

“No quiero decir que hay que hacer a un lado al presidente; pero debe entender que la Cámara de Diputados tiene una facultad que quiere ejercer”, subrayó al tiempo de asegurar que López Obrador y Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, agradecerían la sensibilidad de los diputados para que la implementación de la Ley que crea el Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales (expedida el pasado 23 de enero), no quede “en el montón” y se efectúe ya.

Ortega destacó que –de entrada- el nuevo Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales tiene un plazo de 4 años para su conformación, y desde el próximo 2020 necesita recursos para 230 conciliadores y 321 oficiales; pero hay que mantener a las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje a las cuales se deben asignar unos mil 832 millones de pesos, ya que “no se pueden eliminar mientras no se transformen en lo nuevo que está en la reforma”.

Esas Juntas –indicó- tienen 432 mil asuntos acumulados, y en este 2019 añadirán 86 mil 500; muchos de ellos, originados por los despidos de la famosa “política de austeridad”, mismos que implican un costo de 2 mil 378 pesos por expediente; por lo tanto –concretó- cada Junta cuesta 15 millones de pesos al erario.

Al finalizar, Antonio Ortega externó su preocupación por “el desdén con el que la Comisión de Presupuesto está tratando este tema: Requerimos mandar un mensaje contundente de que este no lo estamos viendo en el montón de pendientes, y que sí estamos pidiendo opinión porque implicará un fuerte impacto para el país”, concluyó. /lgg/m