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Maricarmen Color Vargas, Investigadora de la Comisión Mexicana y Promoción de los Derechos Humanos, coincidió en que esta práctica es ilegal y arbitraria, por lo que no debe ser oficiosa, sino que debe mediar en su aplicación la racionalidad y la necesidad.
“No debe ser generalizada, deben analizarse alternativas previas a la reclusión, como el brazalete electrónico. No se observan las normas internacionales sobre juicio justo, pero es algo que puede ser aplicable en los casos de feminicidio, si es necesario”.
