11-02-2019.- La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, afirmó que viene un cambio de fondo en el Sistema Educativo Nacional, “que nos dará orgullo y que colocará al país en los más altos niveles de desarrollo”.

Durante su participación en la Mesa IV “Legisladores federales y locales”, de las Audiencias Públicas en materia educativa, resaltó que la educación es la fórmula para fortalecer a nuestro país y “un paso decisivo hacia la Cuarta Transformación”.

En la propuesta del Ejecutivo, dijo, se crea el Centro de Revalorización del Magisterio para dejar claro que no habrá evaluación punitiva, sino que será hacia todo lo que se relaciones con el proceso enseñanza-aprendizaje, y no sólo a los maestros. Se desprenderá una mejora continua del magisterio y, por ende, de nuestras y nuestros educandos.

Enfatizó que se eliminará el Servicio Profesional Docente y al Instituto Nacional de Evaluación Educativa porque aplicó una evaluación estandarizada y no de diagnóstico para mejorar la educación en su conjunto; además, no hacía la evaluación sino contrataba a un conjunto de maestros externos para calificar exámenes. “Se les pagaba a destajo, por cada examen calificado más pago, era una evaluación a todas luces que no podemos llamar profesional y el grave error de este instituto fue validar los instrumentos deficientes y punitivos que traía esa reforma”.

Explicó que la iniciativa del Ejecutivo, también aporta varios aspectos muy importantes. En primer lugar, recuperar el derecho a la educación superior, que se borró de la Constitución en 1993 y comenzó a reducirse los presupuestos hasta extinguirse este nivel de preparación y pasarse a manos privadas. “Nosotros vamos a regresar ese derecho a la educación superior a la Constitución para revertir un gravísimo error histórico donde se ha hecho mucho daño a todas estas generaciones de cinco sexenios consecutivos”. Enfatizó que el Estado debe retomar la rectoría de la educación en todos los niveles, incluida la educación superior.

Esta reforma, dijo, propone un nuevo modelo educativo, donde los cimientos y pilares son los principios de la universalidad a fin de que nadie quede excluido de este derecho humano fundamental y, el de la equidad, donde se reconozcan las desigualdades en nuestro país, como la económica, de origen étnico y la de género, que provocan que niñas y niños no asistan a la escuela.

Enfatizó que existen muchas desigualdades y todo ello se aborda dentro de un Plan Nacional de Desarrollo que incluye, por ejemplo, los programas de bienestar para mejorar las condiciones de vida, así como un sistema de becas para poner fin a la deserción. También se crea el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para atender específicamente a estas poblaciones; el nuevo organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) mejorará la nutrición de las familias; se incrementará en 10 por ciento la matrícula universitaria y se crea la red de universidades Benito Juárez.

Otro principio, agregó, es la educación integral en todas sus dimensiones que permita el engrandecimiento de nuestra niñez, no sólo con un desarrollo cultural, científico sino también físico y emocional. Regresará la educación cívica que se borró de los libros de texto, la cultura de los derechos humanos, la cultura de paz, la educación para la libertad, la educación física, artística, el respeto al medio ambiente, la naturaleza y a los animales.

Asimismo, indicó, la educación de excelencia es otro de los principios, ya que se requiere elevar la calidad y que sea “el punto de partida si concebimos a la educación como el elemento que determina el engrandecimiento de las naciones”.

Se crea la carrera magisterial donde cada maestra y maestro se preparará. La evaluación será diagnóstica y contribuirá a la mejora de los docentes y estudiantes. “Evaluarnos entre pares y se considerarán entrevistas a las madres y padres”.

Reconoció que la iniciativa, desde luego, es perfectible, se requiere afinar el tema de la educación de la carrera magisterial, la autonomía universitaria, recuperar el párrafo completo histórico del concepto de democracia. “Es decir, no puede haber progreso sin una buena educación”.

Al hacer uso de la palabra, el diputado Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del grupo parlamentario del PAN, señaló que es necesario incorporar nuevas propuestas y huir de la tentación de la visión única, dogmática, centralista y reduccionista. “Advertencia para todos: humildad necesaria”, dijo y se pronunció por que este proceso “no sea una simulación para lavar la cara o justificar decisiones adelantadas y esto se debe reflejar en el producto del dictamen en una semana, porque hay 17 iniciativas”.

Expresó que una de ellas, propuesta tanto por su partido, como otros organismos políticos y organizaciones de la sociedad civil, es constructiva y opositora a la desigualdad e inequidad. Propone la autonomía de gestión y libertad académica de la educación normal; recupera la autonomía universitaria; incorpora un enfoque de derechos e igualdad sustantiva, además de nuevos principios y propósitos de educación, como inclusión, interculturalidad, equidad y desarrollo sostenible.

Reconoció que cuando se habla de la Reforma Educativa se corren muchos riesgos, uno de ellos es perder la rectoría del Estado, lo cual “sería intransitable” y no pueda regresarse a estructuras clientelares, corruptas y corruptoras de prácticas aisladas sindicales, donde el ocupante de una plaza se sentía el dueño, por lo tanto la podía heredar, vender, regalar o prestar. Sería una regresión autoritaria y no una Reforma Educativa sino una involución educativa. Además, que no hacer evaluaciones de selección de primer ingreso es retornar a la venta de plazas y a eso se le llama corrupción”.

En su oportunidad, el diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del grupo parlamentario del PT, consideró imperativo que la población conozca la Iniciativa de Reforma Constitucional de los artículos 3º y 73 y que tiene que ver con la necesidad de convertir a la educación en el eje rector de la Cuarta Transformación, la llave para que los mexicanos disfruten de sus derechos y libertades fundamentales. Que sea una Reforma Constitucional de gran envergadura, reiteró, para que haga posible la consideración y el principio de la intangibilidad de la dignidad humana y la vinculación de los poderes públicos a los derechos humanos.

Es por eso, precisó, que se diseñó esta iniciativa que permitirá erradicar pobreza, desigualdad social, marginación y discriminación, en donde la educación se plantea como un derecho fundamental, porque sin él tampoco se podrá garantizar los derechos sociales, civiles, económicos, culturales, ambientales, ni tecnológicos, concluyó.

El coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, se refirió al tema de la autonomía de las universidades públicas. Confió en que se pueda agregar en la fracción séptima del artículo 3º Constitucional que permita garantizar y mejorar las condiciones de la autonomía de las universidades públicas.

Que la educación superior, dijo, tenga atención universal; es decir, beneficios de carácter público, privado y social en donde sean incluidos los jóvenes en un proyecto de vida que aporte, desde el punto de vista productivo y social, a su ámbito donde se desenvuelven, lo que implica esencialmente retos de cobertura, equidad, calidad y financiamiento.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Educación, diputada Adela Piña Bernal, comentó que en esta Cuarta Audiencia se convocó a diputados locales, federales, senadoras y senadores para expresar sus puntos de vista y planteamientos. Se tendrán 30 exposiciones y se espera que esto ayude a las comisiones a elaborar el mejor dictamen posible.

Aclaró que se busca hacer un trabajo distinto al de la pasada reforma educativa de 2013, la que se aprobó en 10 días. “Nosotros llevamos un trabajo intenso de varios meses, escuchando a todos, porque queremos que los más interesados y quienes forman el sistema educativo nacional estén presentes en este planteamiento”.

La presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, diputada María Marivel Solís Barrera (Morena), consideró que en la Constitución no se promueve con claridad la importancia del impulso e inversión en las actividades científicas, tecnológicas e innovación. Propuso integrar en los artículos 3º y 73 la facultad del Congreso para expedir la ley general en materia de ciencia, tecnología e innovación; también, que la educación se base en los resultados del progreso científico y beneficie el desarrollo tecnológico.

Asimismo, que se establezca el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones; plasmar que el Estado apoye e incentive la investigación científica, el desarrollo tecnológico e innovación; que el Estado, sectores sociales y privados tengan la responsabilidad compartida de garantizar el financiamiento, conservación, desarrollo y difusión de las actividades científicas, y se preserve la redacción relativa al reconocimiento de la autonomía universitaria.

En su turno, la diputada Zaira Ochoa Valdivia (Morena), secretaria de la Comisión de Educación, indicó que el ejercicio de parlamento abierto contrasta “con el atropellado proceso de aprobación de la reforma educativa de 2013. Hoy se está consultando a los ciudadanos, porque es necesario escuchar las voces sobre los asuntos que a todos importan, a quienes tienen mucho que decir”.

Refirió que en las audiencias anteriores se han vertido voces populares y plurales que han señalado diversos aspectos de fondo en la iniciativa que piden revisar detenidamente para evitar el riesgo de entregarles un “gato pardo” de la reforma 2013. Por ello, dijo, se tiene mucho trabajo por delante y expresó que los comentarios de ponentes enriquecerán esta iniciativa para sentar los cimientos que habrán de transformar al país.

El diputado Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses (Morena), secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, afirmó que la iniciativa tiende a mejorar el marco jurídico en materia educativa para la transformación que requiere el país en combatir las desigualdades y garantizar el derecho a la educación.

Destacó la importancia de reconocer la función magisterial, establecer procedimientos de estímulos para premiar el esfuerzo de los docentes que sí trabajan, asisten y enseñan, además de eliminar los criterios sancionadores con fines punitivos, perjudicando logros y derechos laborales alcanzados. Expresó su compromiso para lograr las adecuaciones y elementos constitucionales que “esta nueva etapa histórica de la nación exige para lograr la construcción de un excelente país”.

En tanto, la diputada María Marcela Torres Peimbert (PAN), secretaria de la Comisión de Educación, comentó que los modelos educativos de diversos países tienen enormes coincidencias donde la enseñanza es vehículo de justicia, equidad y progreso, así como eje central de la política.

Convocó a hacer de la educación en México ese vehículo de progreso, de libertad y futuro viable. “Hoy estamos llamados a tener un acuerdo y una longitud de miras, a ver más allá de la coyuntura. Qué mejor logro para esta etapa de nuestro país, que una reforma educativa de largo aliento en donde todas y todos pongamos el mejor contenido posible”.

La diputada Flor Ivone Morales Miranda (Morena) consideró que la educación es uno de los pilares a impulsar en este gobierno. “Todo lo que necesita el país será reflejo de lo que se haga en el mediano plazo para fortalecer la estructura nacional educativa e impulsar el futuro de niñas, niños y jóvenes”.

Celebró la realización de las audiencias en las que voces expertas dan a conocer el contexto real de las reformas necesarias en esta materia.

Al dar la bienvenida a los participantes, el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Cdmx, Luis Humberto Fernández Fuentes, dijo que las audiencias son relevantes porque analizan cómo rediseñar el Estado mexicano y darle direccionalidad para tener un sistema funcional que potencialice las capacidades, genere equidad y riqueza.

“Este debate parlamentario abierto y honesto es la muestra de educar para la democracia en la más democrática de todas la formas. Es el esfuerzo de todos para el bien de todos”.

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena) urgió a un nuevo marco normativo adecuado a la Cuarta Transformación que mejore el sistema educativo y evite que la educación sea rehén de los intereses de quienes desean controlar al magisterio.

Entre los retos importantes para lograr dicho objetivo, dijo la diputada, está la equidad y la mejoría en la educación; es decir, educación equitativa con políticas incluyentes que garanticen los derechos que tienen niños y niñas de recibir conocimientos de calidad en ambientes libres de violencia, caos y discriminación; trazar una ruta de reflexión y ejes estratégicos de política educativa y aprender a trabajar en equipo respetando los espacios de experiencia y conocimiento. “Nunca más un niño sin aula, nunca más un maestro en la calle”, concluyó.

El diputado de Morena, José Guillermo Aréchiga Santamaría, secretario de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, presentó las propuestas de organizaciones ciudadanas, entre las que destacan: diferenciar y regular los distintos tipos de educación superior; crear el Instituto Nacional de Educación Superior Tecnológica para articular redes de cooperación y lograr un nuevo sistema en este nivel; privilegiar la enseñanza tecnológica con más recursos, como factor para combatir pobreza y tener el dominio de tecnologías de la información.

Repensar el aprendizaje y atender el analfabetismo digital, que los alumnos se sientan bien en la escuela, a fin de optimizar su rendimiento y reducir la deserción escolar. Que la calidad educativa del magisterio se evalúe de forma holística y no punitiva. Resarcir el abandono en que están las normales. Establecer como obligatoria la educación física en el nivel medio superior, ampliar presupuesto para sus docentes y reconocer el rol de mujeres en esta materia, como asignatura incluyente y prioritaria para preservar la salud y prevenir enfermedades.

Por el PRI, la diputada Laura Barrera Fortoul, secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, pidió no dejar de lado en la reforma, la educación inicial o temprana, otorgada a menores de cero a 6 años, etapa más importante para aprovechar y asegurar el máximo desarrollo del ser humano. Refirió que “los niños que acuden a una instancia infantil presentan un mayor nivel de desarrollo”. Por ello, cuestionó la eliminación del subsidio por la corrupción en estas unidades, donde personal capacitado atiende y educa a los infantes.

Expresó que “son partícipes de señalar y corregir la corrupción, pero desaparecer las estancias infantiles no es la opción. Señalarlas de corruptas es muy injusto, son más de 50 mil mujeres que invirtieron, se capacitaron y certificaron para prestar el servicio”. Invitó a reflexionar al respecto, porque son el lugar donde miles de menores reciben de manera digna y adecuada su terapia, alimentación y educación. Los abuelos no están preparados para hacerlo.

El diputado Samuel Herrera Chávez (Morena) puntualizó que para terminar con el mal manejo de los recursos públicos es importante incorporar modificaciones relacionadas con el Fondo de Aportaciones para Nómica Educativa (Fone) y su gasto. “Debemos pugnar por condiciones de equidad para los estados y municipios, transparencia y rendición de cuentas en la distribución de los recursos”.

Consideró relevante modificar el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal a fin de proteger a las entidades federativas menos favorecidas e incentivar a las que han invertido en mejorar el servicio; disponer de una bolsa de recursos producto de la recaudación federal participable para ser distribuida de acuerdo con criterios de equidad, justicia y proporcionalidad.

La diputada del PRI, Ana Lilia Herrera Anzaldo, afirmó que es fundamental priorizar el derecho a la educación como obligación constitucional e internacional, garantizar su acceso universal, establecer las funciones y obligaciones para que las administraciones locales y federales puedan actuar en favor de quienes reciben la educación.

Propuso integrar un modelo de derecho, porque el proyecto educativo requiere conocer y reconocer los derechos que existen en la materia; subrayó que es importante vigilar que se garantice la regulación y normatividad en las convocatorias de las universidades para el ingreso de maestras y maestros; es prioritario lograr una política incluyente que respete los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y adultos.

También, es importante incluir que el Estado dé atención igualitaria y prioritaria al fortalecimiento de las instituciones públicas, incluyendo a las normales de educación superior y agregar escuelas de educación múltiple para actualizar los métodos de enseñanza-aprendizaje y mejorar la educación. Asimismo, planteó garantizar el acceso abierto a la información que se derive de la investigación científica, humanística, tecnológica e innovación, y establecer recomendaciones para la integración de los planes de estudio en la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, así como la educación de atención especial y adultos.

La senadora Beatriz Paredes Rangel (PRI) afirmó que es fundamental ratificar el compromiso del Congreso con la autonomía universitaria y demandó que se corrija “la supuesta errata” que desapareció la fracción VII del artículo 3°, lo que lesionó decenas de universidades autónomas e ignoró la lucha de profesores, estudiantes e intelectuales por conquistarla.

La también presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la colegisladora, señaló que existe una iniciativa de un grupo de legisladores que recupera y enriquece la fracción VII. “Sería deseable que el asunto de la autonomía se resuelva por unanimidad; así no quedaría duda sobre si realmente fue errata o una omisión envenenada y tampoco quedaría en cuestión el espíritu a favor de las universidades”.

Apuntó que cuando a la errata sobre la Fracción VII se aúna la reducción del presupuesto a universidades públicas y la suspensión de apoyos a proyectos de investigación realizados en las universidades, la desaparición de espacios consultivos y foros donde hay representantes universitarios, “uno no encuentra un error, sino la manifestación de una posible tendencia”.

La presidenta de la Comisión Permanente de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de Oaxaca, diputada Juana Aguilar Espinoza (Morena), dijo que en el estado se construye y se desarrolla una educación alternativa donde maestros, padres de familia, estudiantes y autoridades, privilegian el diálogo, consenso, diversidad y respeto a la manera de pensar.

Detalló cómo es el sistema educativo de Oaxaca y dijo que es un modelo que enseña a trabajar de manera colectiva y no individualista que sólo refleja el egoísmo de la sociedad. “Busquemos, gobierno y maestros, espacios para el diálogo de manera que el país sea un gran colectivo, construyendo un entorno para la paz, en el que niños, jóvenes, maestros y padres de familia puedan interactuar enseñando y aprendiendo”.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, diputado Jesús Martín del Campo, reconoció que existe una gran convocatoria para que todas las voces puedan ser escuchadas y lograr un gran planteamiento en el texto de la propuesta de Reforma al Artículo 3º Constitucional, que plantea que la educación sea la llave de la transformación que requiere nuestro país.

El cambio de régimen, explicó el diputado, supone tener como hilo conductor la equidad que articula y se vincula sin duda al proceso educativo en su conjunto, asunto que debe permear en la política educativa, en la revaloración del magisterio, de la profesión docente y de las escuelas normales que han sido colocadas al borde de sus extinción.

La presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso de Jalisco, diputada Mara Nadiezhda Robles Villaseñor urgió a establecer una educación para la vida que prevenga y combata la obesidad y sobrepeso de los menores, a través de una enseñanza integral enfocada a reconocer los derechos de los alumnos, porque siete de cada 10 menores que terminan la primaria no saben leer ni escribir. Destacó prioritario preservar la autonomía universitaria y libertad de cátedra.

Pidió “no disputarse las bases magisteriales. El voto de los maestros ha importado más que la necesidad de investirles de dignidad y reconocerlos como sujetos de derecho”. Son un sector estratégico para la viabilidad que debe ser liberado de disputas partidarias y sean los mejores y más comprometidos los que estén en las aulas. A la selección de maestros debe ponerse un capelo blindado de nuestros intereses electorales y no sean considerados grupo de presión, rehenes ni moneda de cambio”.

Hugo Alejo Domínguez, presidente de la Comisión de Educación del Congreso del estado de Puebla, celebró que la educación sea la palanca de desarrollo de todas las naciones y que se realice el análisis y la discusión de la Reforma Educativa que marcará la nueva etapa para el sistema educativo nacional.

El Estado mexicano, dijo el diputado, tiene una deuda con todo el magisterio nacional y la reforma que se realizó en la pasada administración, sin duda ha sido más administrativa que educativa, por lo que confió en que no sólo sea la buena intensión, sino la voluntad de querer transformar la educación en nuestro país por mejores maestros y mejores estudiantes.

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