• Evaluación, con carácter formativo, de retroalimentación, capacitación, actualización, nunca más de castigo, señala la legisladora

• Error, aplicar criterios sancionadores y persecutorios que parten de la desconfianza hacia los docentes: Francisco Cartas

• No se puede eliminar el INEE por una percepción basada en mitos y mentiras: Teresa Bracho

17-02-2019.- Legisladores se reunieron con organismos autónomos y autoridades formativas federales y estatales, durante la última audiencia en materia educativa, en el marco del análisis de la iniciativa que reforma los artículos 3º, 31 y 71 de la Constitución.

La presidenta de la Comisión de Educación, diputada Adela Piña Bernal, señaló que la evaluación es un proceso inherente en el sistema educativo nacional, se analizará su continuidad con carácter formativo, de retroalimentación, capacitación, actualización y “nunca más de castigo”.

La anterior reforma educativa se aprobó en 10 días y emanó de un falso consenso y un pacto político, “que sirvió únicamente para pasar por encima de los ciudadanos, sin tomar en cuenta su opinión”.

Reconoció que hoy también se debe conseguir el acuerdo que provenga de un ejercicio de pluralidad, escuchar, y ser abiertos y propositivos. “Un consenso entre la sociedad y sus representantes, porque no hay verdades absolutas ni únicas; nos corresponde a todas y todos”.

Piña Bernal enfatizó que durante las siete audiencias se escucharon todas las voces y el común denominador fue la pluralidad y el respeto a todas las formas de pensar. “Hubo muchas coincidencias, la más importante fue que los principales actores del sistema educativo son las niñas, niños y jóvenes. También se habló de interculturalidad, educación inicial, especial y física, de un enfoque humanístico y conceptos de calidad y excelencia”.

Los legisladores, aseguró, tomamos nota de cada una de las propuestas y “lo vamos a asumir con toda la responsabilidad”. Enfatizó que “no hay presiones para nosotros, no hay intereses de grupo y tampoco nos dejaremos amedrentar por nadie, somos responsables ante los mexicanos”.

Francisco Cartas Cabrera, coordinador nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública, consideró un error aplicar criterios sancionadores y persecutorios que parten de la desconfianza hacia los profesionales de la docencia; “la mayor fuerza que tiene México en su educación es, precisamente, el recurso humano en sus maestras y maestros”.

Coincidió en que la evaluación establecida a través de la reforma educativa afecta la estabilidad laboral, toda vez que la autoridad cesó a muchos maestros sin ninguna responsabilidad, aplicando evaluaciones estandarizadas que no toman en consideración contextos económicos, sociales y demográficos que inciden en los procesos educativos.

Es necesario, reiteró, privilegiar el diálogo ante cualquier otro mecanismo de imposición de estructuras normativas que no obtengan el impacto deseado ante la ciudadanía: “se pretende que se reforme el sistema educativo a través de la consulta a sus actores centrales, buscando que, a partir de la misma, no se realicen modificaciones en materia educativa sin la participación de los maestros, pues son estos últimos quienes tienen el conocimiento y la experiencia que se refleja en su desempeño en el aula”.

Por su parte, la consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Teresa Bracho González, manifestó que “no se puede eliminar el instituto por una percepción basada en mitos y mentiras, como el de ser un instrumento persecutor para el magisterio”.

Afirmó que “no contar con un organismo autónomo que evalúe el cumplimiento del derecho a la educación asentado en la constitución es volver al oscurantismo. Nadie quiere eso”.

El único fin que persigue el INEE, explicó, es la defensa de una educación de calidad y con equidad para todos los mexicanos.

Estimó que la enseñanza, por sí sola, no es suficiente para generar bienestar, sino que requiere de otros factores y grandes esfuerzos gubernamentales, de los distintos actores de la sociedad y del ámbito educativo.

La formación de calidad obedece a lo que se plantea en los objetivos de desarrollo sostenible 2030 de la Unesco, y avalados por la mayor parte de los países, incluido México.

“Hoy sabemos que la calidad no puede desvincularse de la equidad educativa, la pertinencia, el desarrollo integral, la interculturalidad y la atención a la diversidad. Asuntos que no pueden ser omitidos en una nueva legislación educativa”, añadió.

El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, resaltó la importancia de la participación de los pueblos y comunidades indígenas, en el análisis de la próxima reforma educativa.

“En un tema tan importante como la educación tiene que escucharse la voz de todas y de todos. No tenemos por qué repetir aquella vieja historia de cuando esta Soberanía, las diputadas y diputados se encerraron y avalaron una iniciativa que ha puesto en entredicho y ha lastimado a la educación de nuestro país y los derechos de las maestras y maestros”.

Pidió a los legisladores incluir en el primer párrafo del artículo tercero, el principio de la interculturalidad, que es acorde a la naturaleza pluricultural de la sociedad mexicana.

El diputado Azael Santiago Chepi (Morena) destacó que la propuesta enviada por el titular del Ejecutivo es un proyecto de nación soberana que busca preservar la cultura de nuestro país. “Se requiere construir una verdadera reforma educativa plural, incluyente, humanista y con argumentos de todos los sectores involucrados en la enseñanza”.

“Esta legislatura decidió realizar audiencias públicas, en un ejercicio democrático de parlamento abierto, con la finalidad de escuchar las opiniones en torno a la educación; contrario a lo que sucedió en 2013, cuando a puerta cerrada y sin escuchar a nadie se reformó el artículo 3º constitucional”, agregó.

Felipe Fernando Macías Olvera, diputado del PAN, se pronunció por defender la autonomía del órgano evaluador, pues resulta necesario reconocer que los entes autónomos son contrapesos reales. Llamó al gobierno federal para que “no se deje chantajear ni extorsionar por otro tipo de intereses y reconozca el trinomio perfecto de padres, alumnos y maestros”.

“Vamos a defender la educación de calidad y que las y los maestros hagan una carrera basada en méritos. También manifestamos el respaldo a la autonomía universitaria y la formación inicial”.

La diputada María Chávez Pérez (Morena) dijo que se debe unificar, hablar y dominar para expresar el mismo lenguaje ante las necesidades y conocimientos que dejan estas audiencias cuando se habla de calidad, excelencia, inclusión y transformación.

“Cuando se habla de la educación que no es una varita mágica, con todos sus procesos, formas y modos por los cuales se proporcionan; estamos hablando de una educación integral para las niñas y niños del pueblo mexicano, olvidándonos de los otros intereses políticos y económicos que permean en la sociedad mexicana, comentó”.

Manifestó que se debe dejar de ver a los maestros como ogros educadores, debido a que los docentes no son un sabelotodo, más bien son unas guías que propician el aprendizaje que es complejo y decisivo, pero fundamental para fortalecer una actividad constructiva de la educación.

“No podemos hablar de una educación indígena, cuando no la impulsamos; tenemos que ser los retroalimentadores de estas lenguas, usos y costumbres para el bien de la comunidad. Pero los planes y programas tendrán que ser de acuerdo con su lengua” agregó.

Por su parte, el director de Acreditación, Certificación y Capacitación del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, Jaime Torres Burguete, enfatizó que la reforma debe reconocer los aportes culturales de nuestros pueblos, el valor de las lenguas como sistema de pensamiento y comunicación y la riqueza de una sabiduría preservada y enriquecida. Por ello, “en este momento histórico, hay que hacer de los propios contextos culturales de la diversidad el punto de partida para idear un sistema educativo incluyente que reconozca los aportes de las culturas originales y se transmitan en el aula”.

Estimó que el planteamiento de diseñar un nuevo proyecto educativo en México se enfrenta a muchas barreras, no sólo de racismo que permea en la sociedad mexicana, sino la actitud de los propios educadores, formados por cerca de un siglo en la idea de asimilación y elaboración de una cultura nacional que borre a los pueblos indígenas del mapa, “nunca como en este caso es verdad que el educador también debe ser educado”. También propuso que la reforma considere una educación intercultural multilingüe.

“El nuevo sistema educativo implica una transformación de raíz, desde educación preescolar hasta los sistemas universitarios, pasando por niveles básicos y medio superior, es un esfuerzo que todos debemos hacer, de una manera sistemática pero necesaria para no esperar otros siglos más”, sostuvo.

El secretario de Educación de Querétaro, José Alfredo Botello Montes, consideró que la garantía al derecho a la educación se debe conformar con seis elementos que una norma constitucional debe tener: el derecho a la enseñanza, la definición de su naturaleza como garantía, la obligación del Estado de impartirla en todos los niveles; establecer un mecanismo que garantice que será de calidad; un sistema para el desarrollo profesional de los docentes y el reconocimiento del derecho al desarrollo de la ciencia e innovación tecnológica y al fortalecimiento y difusión de la cultura.

Enfatizó que la educación debe fomentar el civismo, el amor a la patria y la cultura de paz como consideración sumamente necesaria y urgente, “la cual resulta evidente con la simple observación de la problemática social por la que atraviesa el pueblo de México” y hay que conservar también la obligación de fomentar la conciencia en la solidaridad internacional. Estimó que los distintos niveles de gobierno deben estar obligados a coordinarse para establecer un sistema de desarrollo profesional magisterial que tenga como objetivo favorecer la calidad y equidad y el desempeño académico de los educandos.

El secretario general de gobierno de Jalisco, Juan Enrique Ibarra Pedroza, precisó que comparte varios aspectos de la iniciativa planteada por el Ejecutivo. Propuso que el artículo 3 constitucional contemple que el Estado mexicano tenga la obligación de impartir la educación desde el nivel inicial hasta el superior. El proceso de evaluación docente debe continuar, pero no en los términos establecidos en la anterior reforma educativa, ya que “este proceso no debe ser punitivo, ni persecutorio hacia los docentes mexicanos”.

Subrayó que el proceso de evaluación debe ser replanteado y acompañado por el Estado a partir de capacitación y apoyo al docente; reconocer las distintas realidades y necesidades que enfrentan los maestros. Planteó crear un centro nacional para la mejora continua de la educación, en sustitución del INEE, que conserve el carácter autónomo, personalidad jurídica propia y patrimonios propios. Se pronunció a favor de reconocer a los educandos como titulares del goce y efectivo ejercicio del derecho, así como agentes primordiales de la calidad y trasformación educativa.

La secretaria de Educación del Estado de Guanajuato, Yoloxóchitl Bustamante Díez, sostuvo que la formación continua de los maestros debe ser un proceso de la más alta calidad en beneficio de los niños, niñas y adolescentes de este país.

La trascendencia de la educación, no es una varita mágica, necesita de un contexto en el cual parte de los componentes contribuyan a que el proceso de aprendizaje se vea favorecido.

José Luis Hernández de León, subsecretario de Educación Federalizada del estado de Chiapas, sostuvo que sí se logra priorizar la cobertura para la Educación Pública tiene que ser con calidad y para ello se necesitan más docentes, escuelas, capacitación y actualización. Asimismo, un constante acompañamiento de los padres de familia y autoridades.

“Estamos esperanzados de que en el marco de la Cuarta Transformación, nuestra entidad reciba el apoyo por tanto tiempo esperado y poder combatir el rezago en infraestructura y recursos humanos y materiales. Aportaremos en lo que nos corresponda para seguir avanzando en dicho proyecto, dado que estamos esperando esa reforma educativa que nos permita salir del marasmo en el que nos encontramos”.

El titular de Educación del estado de Morelos, Luis Arturo Cornejo Alatorre, planteó la necesidad de construir un gran acuerdo educativo nacional que bajo un enfoque de nueva gobernanza democrática involucre corresponsablemente a todos los actores, genere comunidades de aprendizaje y haga viable una educación incluyente, de equidad y calidad para todos, que permita incentivar la educación a fin de evitar la deserción y fomentar la permanencia.

La nueva escuela mexicana debe reafirmar los principios de nuestra educación laica, obligatoria, gratuita, integral, democrática, y universal con principios de equidad y excelencia. También enriquecer los contenidos educativos para buscar una educación integral, incluida en los planes de estudio, civismo, valores, lenguas originarias, activación física, deporte, artes y música.

En su oportunidad, Iván García Gárate, Segundo Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, solicitó que la propuesta de Reforma Educativa sugiera la creación del centro para la revalorización del magisterio y la mejora continua de la educación.

Es por eso, comentó, que dicho centro debe incluir en su labor, los más altos estándares en materia del derecho a la educación e indicadores que permitan medir los avances. Revisar también, la metodología de indicadores de derechos humanos respecto al derecho a la educación.

La educación en todas sus formas y en todos sus niveles debe tener cuatro características: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad a fin de garantizar una reforma integral y de amplio alcance.

Enrique Magallanes Ulloa, profesor jubilado, pidió ser escuchado en las Comisiones Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales. Demandó incluir como obligatoria la educación especial en cualquiera de sus ramas, se tomen como algo positivo las cuotas obligatoriamente voluntarias, que los uniformes de las escuelas no sean negocios de los padres de familia, y que las cooperativas no sean manejadas por el director y que se legisle para establecerlas de manera oficial.

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