Palacio Legislativo, 16-02-2019 (Notilegis).– El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) no es un instrumento persecutor del magisterio, como señala el Ejecutivo federal en su iniciativa de reforma educativa, ni tampoco es un organismo caro, afirmó su consejera presidenta, Teresa Bracho González.

“La gran interrogante legal, histórica y ética es si tiene sentido cancelar una institución pública que vela por el interés superior de la niñez, a causa de una supuesta percepción respecto de la cual no hay evidencia alguna”, dijo ante diputados de las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales.

La funcionara participó en la séptima y última mesa de audiencias públicas, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, para discutir y analizar la iniciativa de reforma constitucional del Ejecutivo federal en materia de educación, donde este sábado tocó el turno a funcionarios de organismos educativos públicos y autoridades educativas estatales y federales.

Acompañada de todos los consejeros del INEE, Bracho González sostuvo que este organismo siempre ha reconocido y valorado a los maestros mexicanos, y siempre ha tenido un principio: la defensa del derecho a una educación de calidad con equidad para todos.

“Si lo persecutorio está en las consecuencias que derivan de los resultados de la evaluación del desempeño de los maestros, éstas se establecen en la Ley General del Servicio Profesional Docente. Entonces, es ahí a donde hay que dirigir la atención”, externó.

“La elaboración, aplicación y consecuencias de las evaluaciones docentes no corresponden al Instituto, sino a la SEP (secretaría de Educación Pública)”, agregó.

La consejera subrayó que eliminar de la Constitución que el ingreso y la promoción en la carrera docente se hagan por concurso, pone en riesgo la transparencia en los procesos de asignación de plazas.

Asimismo, destacó que en la evaluación docente para la mejora de la calidad de la educación es indispensable la autonomía, ya que ser juez y parte en procesos de evaluación conlleva a incurrir en errores, ausencias de información o en establecer preferencias deliberadas.

“Se corre el riesgo de pasar de una evaluación que ha sido calificada de punitiva a una realizada a modo. La evaluación educativa quedaría a la deriva de intereses políticos, partidistas o gremiales; prevalecerían los intereses políticos por encima del interés superior de la niñez. No podemos hacer de los niños rehenes de los vaivenes políticos”, expresó.

“No contar con un organismo autónomo que evalúe el cumplimiento del derecho asentado en la Constitución es volver al oscurantismo”, finalizó.

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