En 2014 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para crear la Fiscalía General de la República (FGR), autónoma del Poder Ejecutivo, la cual reemplaza a la Procuraduría General de la República (PGR), cuyo desempeño fue marcado por su poca independencia y resultados.[1]

En el presente documento se destacan las principales diferencias de la FGR con la PGR, los avances en materia de procuración de justicia, así como los retos y pendientes en la materia.

[1] Úrsula Indacochea y Maureen Meyer, La nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General en México. Avances y pendientes, Fundación para el Debido Proceso, WOLA, disponible en https://www.wola.org/wp-content/uploads/2019/03/FiscaliaSPN.pdf (consulta: 6 de agosto de 2020).

El tráfico ilícito de bienes culturales, artísticos y arqueológicos que los arrebata de su contexto y de su lugar de origen atenta contra la identidad y la memoria colectivas de las naciones, al tiempo que perjudica el conocimiento histórico de la humanidad en su conjunto. Pese a lo anterior, en nuestros días existe un impresionante aumento del tráfico ilícito internacional de tales bienes y, derivado de ello, una inaudita generación de ganancias delincuenciales que incentivan la expoliación y el despojo de la identidad cultural de las naciones.

El Estado de Bienestar es el soporte institucional para instaurar los regímenes de seguridad social en muchos países del mundo. La atención de las necesidades sociales como son el acceso a la salud, las pensiones de vejez, el desempleo, la protección social por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales blindan a la población adscrita al empleo formal contra los riesgos derivados de eventos dañinos adversos.

La prisión preventiva oficiosa es un tema no sólo polémico, sino de gran relevancia en el marco del Estado de derecho de nuestro país, ya que su implementación conlleva un gran debate entre los ordenamientos legales que acuerdan los criterios y procesos de la prisión preventiva oficiosa, frente a lo que se establece en los ordenamientos legales de los derechos humanos.

De igual forma, el tema es de gran interés, pues actualmente el sistema penitenciario cuenta con un alto porcentaje de presos sin sentencia condenatoria, lo cual también se encuentra en el supuesto de la violación a derechos fundamentales de los imputados y de manera adicional ha generado una sobrepoblación en tal sistema a nivel nacional.

En la primera parte iniciamos recordando que el uso de energéticos nos define como la generación de humanos más productiva en la historia. Sin energía para trasladarnos, comunicarnos, realizar actividades económicas, religiosas, sociales o políticas, el mundo moderno, de constantes disrupciones tecnológicas y el consiguiente abaratamiento de la vida cotidiana, sería imposible. En esta segunda parte revisaremos la energía eléctrica y la empresa productiva del Estado, la Comisión Federal de Electricidad, la CFE.

Mientras la población conoce directamente los estragos del contagio de Covid-19, grandes empresas o autoridades sanitarias de diferentes países acumulan una enorme cantidad de datos, grandes volúmenes de información agregada y anonimizada que favorece particularidades de la toma de decisiones regionales, en alcanzar una dimensión focalizada según tipos de población o analizar el carácter intra nacional o municipal de la dispersión e intensidad de la pandemia, etcétera.