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Juan Pablo García Garza, presidente de la Comisión en Enlace Legislativo de la Concamin, señaló que el robo al transporte de carga detiene operaciones de plantas industriales, comercios y puertos marítimos, e impacta en pérdidas de abastecimiento, distribución de productos agrícolas, alimentos, medicinas, hidrocarburos, minerales y productos básicos, entre muchos otros.
Además, el hurto a los autobuses atenta contra la movilidad de la población, sobre todo de los más humildes. “Cuando hablamos de estos robos no es a una empresa o a una persona, sino la afectación es colectiva y generalizada porque impacta la competitividad”.
Dado que el Ejecutivo decidió utilizar más al autotransporte para trasladar combustibles a diversas regiones del país, “se hace importante tipificar este delito del robo al trasporte de carga y pasaje para terminar de combatirlo. Es importante que la reforma tenga un periodo transitorio para dar tiempo al sistema penal acusatorio, porque todos queremos que funcione”.
