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Adrián Franco Zevada, excomisionado de Atención a Víctimas, penalista y secretario del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, expresó que el Estado de derecho es el verdadero tema que está detrás de esto y es el único elemento que permite hacer una sociedad igualitaria, “en donde el que no tiene y el que tiene mucho son exactamente iguales ante la ley cuando ésta se aplica”.
Se pretende que con los mínimos datos de prueba aumente el número de delitos con prisión preventiva oficiosa. “Eso va a generar un incremento no sólo en las cárceles por la población penitenciaria; eso no va a resolver el problema de fondo de las víctimas”.
Por su parte, la directora jurídica de Reinserta AC, Fernanda Dorantes Arteaga, enfatizó que la prisión preventiva debe ser el resultado de una resolución judicial, donde se hayan respetado las garantías procesales y los principios del Sistema Penal Acusatorio y no sólo de una acusación.
“Nos pronunciamos a favor de la prisión preventiva justificada y absolutamente en contra de una oficiosa. El hecho de tener un catálogo o de tener supuestos muy particulares en los contenidos normativos verdaderamente puede jugar más en contra de lo que puede abonar a la sociedad”, por lo que instó a evitar la “prostitución” del derecho penal, toda vez que la figura discutida en nada ha abonado al combate de la impunidad y mejorar las condiciones de seguridad que tanto laceran al país.
