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Camilo Constantino Rivera, especialista del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal e integrante del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, expuso que esta reforma que se propone debe conllevar un equilibrio y una protección en los derechos humanos para que no se torne en una puerta giratoria hacia la impunidad y se victimice al imputado y que, en algún momento, haya condena en contra del Estado por una prisión preventiva injusta.
Propuso que la iniciativa que se analiza establezca que esta medida cautelar sea preventiva, disciplinaria, que no se tome en cuenta el catálogo de la prisión preventiva oficiosa, que se haga una ley nacional de ejecución de medidas cautelares, se incluya el concepto de los preacuerdos y se regrese la remisión parcial de la pena a efecto de hacer esquemas de trabajo penitenciario, porque con la libertad condicionada y anticipada no será eficaz generar una reinserción judicial efectiva como se prevé.
