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Estefanía Medina Ruvalcaba, cofundadora de la Organización TOJIL, Estrategia contra la Impunidad, señaló que el dictamen carece de una adecuada redacción legislativa. Ejemplificó que en el tema de delitos de corrupción, que hace referencia a enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, no se tiene la menor idea de su aplicación y se deja fuera al peculado y cohecho, por lo que “esta reforma no es más que de cascarón y carece de toda aplicación práctica”.
Planteó enfocarse en revisar la redacción del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, referente a la libertad durante la investigación y establecer candados para esta facultad discrecional y que deje de ser foco de impunidad; fortalecer las capacidades del Ministerio Público para que defienda la aplicación de las medidas cautelares y establecer un adecuado sistema de unidades de medidas cautelares. Enfatizó que incrementar el catálogo de prisión preventiva oficiosa “no es otra cosa más que ofrecer prisión y circo al pueblo de México, lejos de una solución eficaz y efectiva para el combate a la impunidad”.
