La ciudadanía es el ejercicio activo de participación, de modo que la relación entre derechos y responsabilidades ciudadanas reside en que el ciudadano no puede exigir y ejercer los primeros sin asumir las segundas. La responsabilidad y el deber remiten al vínculo por el cual el ciudadano se obliga a actuar como tal. Es la conducta que se espera de él por el hecho de ser miembro de una comunidad política.

Así, la construcción de ciudadanía refiere dos dimensiones de corresponsabilidad: una responsabilidad estatal y una responsabilidad ciudadana, la primera representa la obligatoriedad estatal de satisfacer las necesidades objetivas de la persona en tanto ciudadana. Esta responsabilidad es estrictamente jurídica y procesal, no moral.[1] En el caso de los derechos sociales, el Estado es el responsable de cuidar, proteger y garantizarlos (la preservación de la vida, la libertad, la seguridad, educación, salud, y otros derechos elementales).

Por su parte, la responsabilidad ciudadana va más allá del estricto sentido jurídico de responsabilidad; ésta corresponde a un proceso de desarrollo de una actitud proactiva de pertenencia a una comunidad y de reconocimiento de las obligaciones y deberes que, como ciudadanos, se tiene respecto de la sociedad de la que el individuo forma parte. Aquí, la participación ciudadana es un requisito importante para que el individuo pueda actuar con responsabilidad, esto es, atendiendo al contexto autónomo colectivo.

<a href="file:///C:/Users/Usuario/Downloads/segunda%20de%20julio/Documento%20de%20trabajo%20n%C3%BAm%20172.docx#_ftnref1" mce_href="file:///C:/Users/Usuario/Downloads/segunda%20de%20julio/Documento%20de%20trabajo%20n%C3%BAm%20172.docx#_ftnref1">[1]</a> Ricardo Zapata, “La responsabilidad ciudadana como fundamento de los derechos sociales: una cuestión polivalente”, en <em>Revista de Estudios Políticos</em> (nueva época), núm. 94, octubre-diciembre, 1996.