El presente trabajo es parte de una investigación más amplia, que culminará en un libro de pronta aparición, en el cual se analizan entornos delictivos en entidades fronterizas. A manera de adelanto presentamos una entidad, que es de la mayor importancia en la frontera norte: Baja California.

El Banco Mundial señala, continuamente, la relación entre pobreza y cambio climático. Para entender, la primera precisa que es necesario incorporar los efectos del calentamiento global, el cual llevará a la pobreza a 132 millones de personas en los próximos 10 años.[1] En diferentes trabajos se han mencionado los efectos y consecuencias que se enfrentan por no proteger el medio ambiente, así como algunas estrategias para hacerle frente; no obstante, esta Carpeta informativa centra su interés en enlistar algunas de las naciones y empresas trasnacionales más contaminantes sobre la faz de la Tierra.

[1] En Banco Mundial, Tópicos: cambio climático, en https://www.worldbank.org/en/topic/climatechange/overview#1 (consulta: octubre de 2021).

En México, según datos del periodista Jorge Ramos, asesinan a 95 personas diariamente en el país;[1] la violencia es una de las principales causas de muerte. Las noticias frecuentemente dan cuenta de asesinatos violentos, desaparecidos, asaltos a transporte público, en casas habitación, negocios y extorsión. La violencia ya forma parte de la cotidianidad. En las ciudades mexicanas los efectos mortales de la pandemia por Covid-19 y las muertes violentas ocupan las páginas y portales de los medios de comunicación.

[1] Jorge Ramos, “El país de los 100 mil muertos”, Reforma, 13 de noviembre de 2021, p. 8.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) es la entidad constitucional encargada de evaluar la política y los programas sociales del gobierno federal. Periódicamente informa los avances y desafíos que éstos enfrentan a fin de que las entidades responsables del diseño y funcionamiento de dichos programas logren sistematizar la información para optimizar su trabajo.

Esta coordinación institucional de control y reciprocidad entre los poderes de la Unión y las entidades del estado la conocemos como mecanismos de coordinación, colaboración o concurrencia conforme al artículo 49 constitucional y a los ODS 16 y 17. Se concibe como alianza con fundamento en los artículos 4° constitucional y 6 de la Ley General de Desarrollo Social, en un espacio de competencias diferenciadas con objetivos claros.