Estudios

Los estudios realizados al interior del país y los externos plantean maneras diferentes de observar el problema de cobertura. Los planteamientos nacionales se enfocan en lo que establece la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos respecto al derecho a la protección de la salud. En tanto que los estudios internacionales, especialmente los desarrollados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se enfocan sobre un principio de creación de un derecho a la Cobertura Universal de la Salud, sobre la base de cubrir financieramente los riegos sanitarios.

Igual que el sexo y la raza, la identidad de género y la orientación sexual están ligadas a aspectos fundamentales de la identidad humana y afectan al núcleo del derecho a la integridad física y mental de las personas. La falta de respeto a los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), comprendiendo el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, se coloca en el ámbito de los derechos humanos. En el matrimonio civil entre personas del mismo sexo se ponen en juego los derechos humanos de las personas. De acuerdo con las normas internacionales, denegar el derecho a casarse, basándose en el sexo de sus parejas, viola los derechos a la no discriminación, a la igualdad ante la ley y a casarse y formar una familia.

El presente estudio tiene como propósito ofrecer un panorama del problema del sistema de pensiones y jubilaciones en México, para encaminar la búsqueda de soluciones integrales que den sostenibilidad de largo plazo al sistema, sin afectar la economía de los trabajadores en retiro.

Una de las mayores preocupaciones de los mexicanos de hoy es la inseguridad pública. Y una de las grandes debilidades institucionales del Estado Mexicano reside en los sistemas para prevenir, perseguir, juzgar y sancionar los delitos. Toda la cadena institucional de seguridad y justicia padece insuficiencias y vicios, productos de muchas décadas en que esa problemática se desdeñó o se trató con métodos poco apegados a la ley, relativamente eficaces en un régimen autoritario, pero inaceptables en un Estado democrático.

En el último decenio, las tendencias expansivas de la delincuencia común y la delincuencia organizada han obligado a los gobiernos a prestar más atención a esa problemática. Pero el reto es enorme, y por momentos rebasa las capacidades del Estado. Las insuficiencias son muchas y multi-causales.