Durante los últimos años el sistema tributario mexicano ha sido objeto de importantes transformaciones para adaptarlo a las necesidades de una economía continuamente abierta al comercio exterior. A partir de la apertura económica de México a mediados de la década de 1980 y de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) una década después, las reformas impositivas tuvieron un énfasis especial en lograr objetivos de eficiencia, equidad y competitividad.

Como resultado, el actual sistema tributario ha venido adaptando una serie de aspectos de eficiencia que incluso fueron considerados como vanguardistas en su momento. Entre otros, la integración total del impuesto sobre la renta entre individuos y empresas, el reconocimiento pleno de la inflación sobre las bases gravables, la introducción del impuesto al activo, la adaptación de modernas reglas de precios de transferencia y de tributación internacional, así como la aplicación de tasas competitivas internacionalmente, han permitido no sólo reducir tasas efectivas entre sectores, sino también mejorar la equidad del sistema.

A pesar de las ganancias alcanzadas en términos de eficiencia, el sistema tributario contiene insuficiencias estructurales que limitan su capacidad para generar ingresos. Como resultado, México se compara desfavorablemente en casi cualquier indicador de recaudación con países de diferentes regiones y niveles de desarrollo.

Las actuales imperfecciones e insuficiencias derivan, en buena medida, de que se han asignado a algunos impuestos funciones de probada ineficacia, lo que se ha traducido en una compleja legislación tributaria que otorga amplios tratamientos preferenciales, actualmente cuantificables, en aproximadamente la mitad de la recaudación tributaria.

La utilización del sistema tributario para fomentar actividades económicas, o para subsidiar el consumo o producción de determinados productos o sectores, ha demostrado su ineficacia a un costo fiscal insostenible en el tiempo.

La reducida capacidad del sistema tributario mexicano para generar una base estable y suficiente de ingresos públicos limita la capacidad de los diferentes órdenes de gobierno para invertir en áreas de alta rentabilidad social, tales como educación, salud, infraestructura física y combate a la pobreza, en la actual era global y tecnológica.