24 de octubre 2020

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Encuesta telefónica nacional de opinión pública: Instituciones de Servicios Financieros y Caso Ficrea

Encuesta telefónica nacional de opinión pública: Instituciones de Servicios Financieros y Caso Ficrea

En nuestro país, 45% de los ciudadanos conoce o ha oído hablar de la Condusef. Explicándoles algunas funciones y obligaciones de dicha comisión, 46% tienen una buena o muy buena opinión de esta comisión.

Adentrándonos en las instituciones de servicios financieros, los bancos son en los que más confían los ciudadanos, con 46% de mucha o algo de confianza, las cajas populares y la Condusef son en las que menos confían con un 25 y 28% de mucha o algo de confianza respectivamente. 24% de los ciudadanos ha sido víctima de un fraude o irregularidad por parte de alguna institución bancaria.

Sobre la confianza que inspiran algunas instituciones u organismos de servicios financieros para depositar sus ahorros, 36% confía mucho o algo en los fondos de ahorro para el retiro mientras que las sociedades de ahorro popular son las menos confiables con el 22% de mucha o algo de confianza

Sobre el caso Ficrea, poco menos de la mitad de los ciudadanos (43%) no estaban enterados de lo sucedido, después de explicarles sobre el tema, 40% considera que el gobierno debe rescatar a las personas perjudicadas, además de que dos terceras partes consideran que modificando la ley se pueden evitar este tipo de fraudes. Después de lo ocurrido con los ahorradores de Ficrea, 46% considera que en los bancos es más seguro ahorrar y es menos seguro en las cajas de ahorro (6%).

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores es la que mejor ha actuado para resolver el caso Ficrea, según 26% de los ciudadanos y la Cámara de Diputados la que peor has ido calificada con 15%. Para prevenir y resolver futuros fraudes en contra de ahorradores e inversionistas, 86% está algo o muy de acuerdo con que se incrementen las multas a los culpables, otro porcentaje similar (88%) en que se incrementen las penas de prisión a los culpables y 68% dice que el gobierno debe establecer un fondo para proteger y pagar los daños de los ahorradores.

Nota: los porcentajes presentados en este resumen son estimaciones puntuales del verdadero porcentaje de la población, y vienen acompañadas de un margen de error.