Documentos de Trabajo

El gobierno requiere recursos para poder cumplir con sus funciones. A esos recursos se les denomina: gasto público. La orientación, el destino y el tipo de gasto se detalla en el Presupuesto de Egresos de la Federación, documento que autoriza la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El Presupuesto de Egresos especifica el monto y destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal, es decir, un año, para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad.

Los diferentes métodos a través de los cuales es posible identificar lo que acontece hoy en las ciudades en términos de los factores demográficos, económicos y sociales es el motivo y objetivo que inspira la elaboración del presente estudio. Se trata de centrar la atención en la información derivada del recién publicado documento del “Sistema Urbano Nacional 2018” elaborado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Consejo Nacional de Población (Conapo), así como en el estudio difundido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU Hábitat) “Índice de las Ciudades Prósperas en la República Mexicana” que arroja resultados sobre las tendencias de la prosperidad urbana en México con cifras al año 2016.

El documento presenta una propuesta analítica con relación al discurso contemporáneo de la seguridad pública en México, a su vena empírica referida en forma de acontecimientos que forjan un proceso social de indefensión, temor, vulnerabilidad, alimentado por su amplia presencia en los medios de comunicación, en artículos académicos y en una estadística que desde hace un cuarto de siglo cifra una parte de la vida social en función del número de víctimas de delitos, el tipo de éstos, los recursos presupuestarios destinados a su combate, hasta el desbordamiento de la inseguridad a muchas situaciones de la vida cotidiana.

Desde hace varias décadas en México se registra una serie de “nuevas figuras” como prácticas sociales, relaciones de poder y sobre todo, como “constructores” de ciudadanía. Los síntomas son más que evidentes y pueden señalarse al menos dos casos: el narcotráfico y el asesinato de mujeres. Hasta ahora no se puede demostrar con claridad una relación entre ambos fenómenos. En ambos casos se trata de procesos de descomposición social, aceleración de la violencia y de toda seña de crueldad de un ser humano hacia otro. Si bien no es posible compararlos tampoco es posible separarlos.

La globalización económica ha acercado a los países y brindado a la población mundial acceso a bienes y servicios que antes no eran parte de sus patrones de consumo, sea en cantidad como en calidad. Ha permitido también, la entrada de nuevos flujos de inversiones directas capaces de generar fuentes de empleo con mejores salarios; ha posibilitado también acceso a escalas de conocimiento científico sin precedentes, así como a tecnologías digitales que ya son parte inseparable de nuestra vida cotidiana.

La política fiscal, como acción del Estado, busca el equilibrio entre lo recaudado por impuestos[1] y otros conceptos, y los gastos gubernamentales; es decir, se refiere a la programación eficaz de los ingresos y gastos públicos, así como la relación que guardan. Para ello, uno de los instrumentos más importantes con los que cuenta el gobierno federal es la política tributaria, reflejada en la Ley de Ingresos (LIF).[2]

[1] Según el Código Fiscal de la Federación, los impuestos son las prestaciones en dinero o en especie que el Estado fija unilateralmente y con carácter obligatorio a todos aquellos individuos cuya situación coincida con la que la ley señala. Tributo, carga fiscal o prestaciones en dinero y/o especie que fija la ley con carácter general y obligatorio a cargo de personas físicas y morales para cubrir los gastos públicos. Es una contribución o prestación pecuniaria de los particulares, que el Estado establece coactivamente con carácter definitivo y sin contrapartida alguna. Glosario de términos SHCP.

[2] Auditoria Superior de la Federación (2016). El Reto Fiscal y la Reforma Hacendaria.

El presente documento inicia por adentrarnos al tamaño comercial que ha adquirido nuestro país con el paso de los años, en especial, a partir de 1994, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), de cómo se extiende esta ruta económica del intercambio internacional al sector primario agrícola. El escrito hace una parada posterior para contrastar el paradigma de los beneficios producto de la apertura comercial frente a los términos de soberanía y seguridad alimentaria con el objeto de conocer cuáles son las repercusiones de este camino que se ha tomado en la dieta alimenticia básica del mexicano.

El gran aporte económico del libre comercio radica en proveer a las empresas que participan en los mercados internacionales de bienes y servicios de la ventaja de permanecer exentas de cargas fiscales tales como impuestos, aranceles, cuotas, permisos y otros costos implícitos al momento de realizar sus operaciones de comercio exterior.

Con el paso del tiempo, el libre comercio se ha venido abriendo camino, hasta llegar a ser hoy un factor estrechamente vinculado a los objetivos del desarrollo. Porque, ciertamente, el libre comercio es el mecanismo idóneo para asegurar el buen funcionamiento de la esfera de distribución de mercancías que es el lugar donde tiene lugar la conversión de la mercancía en capital dinero.

El objetivo de este trabajo es destacar las ventajas de dotar a la Ciudad de México de una Constitución Política como consecuencia de un paquete de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en 2016.

Asimismo, interesa exponer los cambios y las tareas legislativas e institucionales con la entrada en vigor del nuevo ordenamiento en septiembre de 2018.

El fortalecimiento del Estado mexicano encaminado a combatir la corrupción comenzó por el reclamo ciudadano ante el daño que causa la inseguridad y de exigir instancias profesionales, eficientes y honestas que garanticen mejores condiciones de seguridad.

A partir de 2009 el Congreso da cuenta de una serie de iniciativas que se nutren del reclamo social y plantean alternativas de solución mediante reformas constitucionales y legales; es hasta 2014 que el Congreso aprueba finalmente la reforma constitucional para dar paso al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), conformado por diversas leyes que favorecen una mejor coordinación institucional para enfrentar la corrupción y dar respuesta a las demandas ciudadanas.