La emergencia sanitaria originada por el COVID-19 ha incrementado la incertidumbre respecto a la situación económica del país. Según una actualización de las expectativas sobre las economías de América Latina y el Caribe en abril de 2020, el Banco Mundial estimó que la economía de México caerá 6% en 2020 debido al impacto de la pandemia de COVID-19, vislumbrando una recuperación del 2.5% en 2021 y 2022.

El objetivo principal de este documento es dar a conocer algunas estadísticas económicas de México, donde se observa cómo ha cambiado en los últimos meses la situación económica del país, así como su variación respecto a años anteriores.

Entender la violencia contra las mujeres implica reconocer las estructuras patriarcales por medio de las cuales se muestra una concepción sociocultural de desigualdad entre mujeres y hombres, que da sustento a estructuras culturales, políticas, institucionales, legales y sociales que se han arraigado e incluso naturalizado en el ejercicio de la violencia no sólo contra las mujeres, sino contra otros grupos vulnerables.

De esta manera, la conducta machista implica toda acción violenta expresada por hombres, que buscan una justificación, en la errónea creencia de superioridad frente a mujeres u otras personas, lo que da pie a que un agresor considere débiles a otros y por tanto busca someterlos. El reto es eliminar la naturalización y sistematización de estas creencias patriarcales que incluso han incidido como instrumento de control social.

Este documento se basa en los acuerdos generados por la emergencia sanitaria del COVID-19, por los que se establecen acciones extraordinarias para atender dicho acontecimiento.[1] Se trata de precedentes normativos que en su aplicación generan dificultades temporales en la situación laboral de las personas,[2] de acuerdo con lo siguiente:

1. Califican actividades laborales esenciales y no esenciales.

2. Regula el resguardo domiciliario corresponsable.

3. Establece la conformación de un grupo vulnerable no esencial para trabajar integrado por:

[…] toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardiaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión adquirida o provocada, insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial.

[1] DOF, 31 de marzo 2020.

[2] Sara María Ochoa León, “El seguro de desempleo en México y el mundo”, Reporte núm. 3, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados LIX Legislatura, julio de 2005.

Ahora mismo, cuando el gobierno de la Cuarta Transformación se ocupa en realizar cambios profundos en el régimen político y en las formas de gobierno, es un buen momento para reflexionar e impulsar una agenda común que involucre a los municipios mexicanos. Ello, claro está, debe ejecutarse con apego a lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Hay asuntos y desafíos de primer orden en la agenda nacional que deben solventarse en cada uno de los distintos niveles de gobierno según las facultades y competencias que las leyes mandatan. Esto no excluye en modo alguno la posibilidad de que las estrategias y acciones de gobierno para la resolución de los asuntos de la agenda nacional no deban descansar en la cooperación y la colaboración institucional entre la federación, los estados y los municipios.

El Índice de Paz México (IPM) 2020, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), proporciona una medición integral de los niveles de paz en México. El IPM se basa en la metodología del Índice de Paz Global, la más reconocida medición de la paz en el mundo, que ha sido elaborado por el IEP cada año desde 2007.

Esta es la séptima edición del IPM y en ella se presentan las principales tendencias, los modelos y los factores que impulsan la paz en México, incluido un análisis desde la perspectiva de la Paz Positiva, que estudia ocho estructuras sociales y destaca áreas importantes para el diseño de políticas públicas.

En días cercanos al momento de alcanzar la cifra lamentable de cien mil decesos por la pandemia del COVID-19, presentamos un análisis que puede arrojar evidencia relevante para la efectiva toma de decisiones estratégicas, por parte de los legisladores y de los gobiernos en sus diferentes niveles. Fundamos la pertinencia de nuestro análisis en la prioridad social y gubernamental de evitar al máximo la pérdida de los pacientes contagiados de esta enfermedad –de la cual parece que faltan todavía algunos meses para contar con alguna vacuna.

El análisis de la evolución de los decesos puede reflejar el ritmo, la intensidad y las temporalidades regionales en el desarrollo de la pandemia del COVID-19. Aquí la comprensión de tan lamentable pérdida de personas, pasa por el análisis de que la pandemia tiene un carácter multifactorial, de la cual podemos mencionar algunos de sus rasgos principales.