Documentos de Trabajo

EL reto institucional para lograr que la igualdad de los derechos humanos cumpla el mandato constitucional,[1] así como atender las recomendaciones de los organismos internacionales, ha sido un proceso complejo al cual se suman las recientes recomendaciones (2018) de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).[2]

El entorno en que se emiten estas recomendaciones muestra cifras sobre la situación cotidiana de inseguridad, en un contexto de permisibilidad del Estado (OCNF),[3] con el resultado de 1,221 feminicidios en 13 estados de la república en el transcurso de 2007 a 2008: en 2012 la Procuraduría General de la República registró 104 asesinatos. De acuerdo con las Naciones Unidas, 6,488 mujeres fueron asesinadas en México; en Guerrero hubo 512 asesinatos y sólo 29 casos se investigaron como feminicidios.[4]

[1] Reforma al artículo primero constitucional, Diario Oficial de la Federación, viernes 1 de junio de 2011.

[2] La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) es el instrumento internacional más amplio sobre los derechos humanos de las mujeres y niñas, adoptado en forma unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y ratificado por México el 23 de marzo de 1981. Disponible en https://www.gob.mx/conavim/articulos/las-recomendaciones-del-comite-cedaw-a-mexico.

En julio de 2018, con motivo de la presentación del 9 informe de cumplimiento del Estado mexicano, CEDAW emitió diversas recomendaciones.

[3] Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

[4] Comité del Centro de Estudios para el adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, Cámara de Diputados, LXIII Legislatura. Infografía Feminicidio y Alerta de Género.

La caída del Muro de Berlín marcaría el fin de la bipolaridad en el mundo, a partir de entonces se experimentaría un periodo de aproximadamente 25 años de hegemonía por parte de Estados Unidos. No obstante, durante la primera década del siglo XXI las tendencias de crecimiento de la economía en China, así como una nueva etapa en el desarrollo de armas en Rusia, dejarían ver que el mundo experimentaba el inicio de un cambio de paradigmas que se reflejaría en nuevas dimensiones y relaciones del poder económico, político y militar, respecto de la influencia dominante de Estados Unidos en el ámbito internacional.

Bajo este contexto, el objetivo de este ensayo es analizar el rol geopolítico de Rusia en Asia y en el mundo, lo que implica contextualizar la relación e impacto de los principales actores políticos y comerciales de la región, frente al rol que juega Rusia en la concepción de esta nueva multipolaridad internacional, es decir, frente a Estados Unidos como líder del bloque occidental y China como actor económico dominante en Asia.

El presente documento tiene como objetivo analizar un fragmento de los cambios en el diseño del funcionamiento estatal desde la década de 1980 y hasta la segunda década del siglo xxi. A este respecto se tiene en cuenta que la literatura reconoce que al inicio de este periodo se adoptaron líneas de política pública interna convergentes con el encuadre propuesto por los organismos financieros internacionales y por algunos gobiernos de los países desarrollados que imbrican su funcionamiento económico a éstos (como Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Francia, que han sido teorizados como modelos a imitar en el siglo xx), y que se designaron como reformas estructurales de primera generación, a saber: en materia fiscal, de apertura comercial y de precios, en impulsar procesos políticos hacia la democratización, en el diseño e instrumentación de políticas de adaptación y renovación institucional, y para algunos países en procesos de descentralización administrativa.

Entre los conocedores del tema de la educación se acepta que la cobertura de la educación durante el siglo XX no estuvo acompañada del incremento en la calidad de la enseñanza, por lo que la calidad constituye una de las preocupaciones fundamentales en el nuevo siglo.

El 11 de septiembre de 2013 se aprobó la Reforma Educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto y se expidió la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y la Ley del Servicio Profesional Docente.

El 13 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3°, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la finalidad de derogar la reforma educativa promulgada en el sexenio anterior.

El mundo avanza con paso decidido en el camino de la transición energética ante la necesidad impostergable por disminuir las emisiones globales de dióxido de carbono derivadas del consumo de hidrocarburos fósiles, así como lograr mejores resultados en el tema de la eficiencia e intensidad energética.

La oferta y la demanda de energía mundial continúan incrementándose por causas multifactoriales, pero continúa siendo el petróleo la fuente principal de producción de energía. Este recurso natural posee un atractivo singular que lo distingue como un excelente combustible, con alto poder calorífico, por ser una materia prima de innumerables y variados bienes industriales a los que se conoce como petroquímicos o derivados del petróleo y otros más, que son indispensables en las economías industriales modernas.

Se describe una breve historia sobre el consumo de drogas en Estados Unidos y la manera como el Cannabis se ha convertido en enemigo del gobierno de ese país, que ha establecido políticas para combatir su cultivo y consumo que repercuten en México. El mercado estadunidense de estupefacientes también es afecto a los opioides derivados de la amapola, motivo de este documento, distribuida originalmente desde Turquía y Afganistán; posteriormente en Colombia (para finales del siglo XX), hasta convertirse en un producto de alta producción en México. La legalización de estas drogas no tendría un peso relevante en nuestro país, en cuanto a consumo se refiere –máxime que el gobierno de los Estados Unidos nunca ha reflexionado respecto a las causas del alto consumo de drogas y los problemas sociales y de salud le implican- pero sí en el impacto económico y el daño social que implica su distribución en territorios controlados por organizaciones criminales organizadas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha declarado el año 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Por ello, gobiernos, agencias internacionales y gobiernos locales, organizaciones civiles y organizaciones no gubernamentales, en general, han desarrollado una importante labor de atención a los grupos considerados indígenas, o a los cuales se les atribuye alguna de estas características por su lengua, tradición o cultura. México no es la excepción, por ello, se intenta participar en esta ola internacional para promover la preservación de la riqueza lingüística en el mundo.

El objetivo es crear conciencia sobre la preservación de culturas antiguas y su riqueza lingüística, así como generar medidas de protección para aquellas culturas que están en peligro de desaparecer.

La crisis de inseguridad del país se puede sinterizar en sólo dos indicadores: alrededor de 200 mil personas asesinadas y más de 37 mil desaparecidos en una docena de años.[1] Tan sólo en 2018 se registraron 28,816 homicidios dolosos,[2] un promedio de 79 personas ejecutadas por día. Para enfrentar esa situación el titular del Poder Ejecutivo presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 donde la premisa básica es que la seguridad de la gente es el factor esencial del bienestar y cuando no es posible garantizarla se pone en peligro la existencia del propio Estado.

[1] Gobierno de México, Estrategia Nacional de Seguridad Pública, México, 2019, p. 27.

[2] Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia delictiva del Fuero Común, en https://www.gob.mx (consulta: enero de 2019).

Entre el 3 de julio y el 1 de diciembre de cada año sucesorio en la presidencia, durante el interregno de cinco meses que va del día posterior a las elecciones hasta la toma de protesta del nuevo mandatario, el virtual gabinete y su jefe deben hacer un diagnóstico para establecer prioridades en los temas que componen la agenda pública. En esta valoración de necesidades y sus correspondientes estrategias para cubrirlas aparecen las inercias, las restricciones, los pendientes, las posibilidades y las variables que permiten ajustar –o en algunos casos limitar y descartar– las promesas hechas en campaña.

En junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que instituye las figuras de decomiso de bienes y de extinción de dominio.