Documentos de Trabajo

Este documento está diseñado para esbozar ideas e interrelacionarlas con acción paralela de sinergias para el combate a la corrupción en México. Las ideas expuestas deben ser consideradas como un mecanismo sistematizado que aún se encuentra en construcción, y que, por tanto, es necesario continuar con la discusión y profundizar el análisis de cada uno de los elementos presentados para alcanzar mejores prácticas respecto a la eficiencia, eficacia, transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas en la administración pública.

Cada vez escuchamos más en los medios y leemos en la prensa, casi como lugar común, la opinión que valora la cultura como catalizador del desarrollo. Indudablemente, se trata de un tópico que anuda la producción de beneficios económicos con la integración de etnias y comunidades, que delata la riqueza expresiva y conceptual de una sociedad, que sensibiliza sobre un sinnúmero de problemas y rezagos –como la violencia y la exclusión– y que privilegia el entendimiento entre pueblos y gobiernos. La visibilización de estos elementos en los medios, la academia y el sector público, desde hace algunas décadas, ha logrado que los planes para el desarrollo y la cooperación internacional reconozcan el valor que entraña la cultura para bienestar de los países.

En pleno 2018, el país se alista para que los representantes elegidos asuman los poderes de la nación. Esto dará pronto lugar a formular y aplicar un nuevo plan nacional de desarrollo que guíe el proyecto de gobierno. Este hecho tiene serias significaciones porque en ese nuevo documento rector que habrá de definir el rumbo y el destino de México para los próximos seis años.

Así, los planes estatales de desarrollo deberán experimentar ajustes para alinear sus prácticas a las del nuevo gobierno federal que entrará en funciones asignando nuevas prioridades, pero sobre todo otro tipo de asignaciones de los recursos presupuestales, en particular del destino del gasto social a las entidades federativas.

El desarrollo de los estados del sur sureste del país deberá convertirse en un tema de primer orden en la agenda gubernamental que está por venir. Por ahora hay allí un panorama desalentador pues por doquier, en cualquier centro de población y en un buen número de municipios asoman evidencias de grandes carencias sociales y pobreza. En los municipios más pobres se vuelve inocultable el flagelo de la pobreza extrema.

El objetivo de este documento es poner en relieve la importancia de la evaluación de programas de política pública. Primeramente, se parte de evidenciar por qué la situación del mercado de trabajo con baja productividad genera un problema en los ingresos actuales y futuros, es decir, para el sistema de pensiones. Posteriormente, se centra en la respuesta institucional, el programa de “Apoyo al empleo”. La dictaminación de la evaluación del programa se hace desde la óptica de la evaluación de diseño.

Las reformas estructurales que se presentaron ante la opinión pública en los inicios de la administración del presidente Enrique Peña Nieto representaron un enorme desafío para las empresas, los mercados, las instituciones, los trabajadores y el gobierno porque afectaron el orden establecido en aras de emprender el camino hacia nuevas realidades.

Desde 1960 México ha sido una nación elegible para ser acreedora al financiamiento para el desarrollo que entregan las instituciones multilaterales, así como para estar acompañada de la ayuda técnica que extienden los mismos organismos en diferentes áreas para el desarrollo. La elegibilidad la define la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) a través de la evolución del ingreso nacional bruto per cápita que mide globalmente el Banco Mundial. Las economías, al alcanzar el nivel de ingreso alto abandonan la lista.

El desarrollo de lo local es una de las respuestas a los desafíos sociales y económicos del presente que mejores expectativas han creado en los últimos años. Se trata de un esquema de desarrollo alternativo a los modelos de desarrollo central tradicionales pues privilegia la adopción de un proceso de “desarrollo de abajo hacia arriba” en donde las comunidades, los municipios, las regiones y los estados protagonizan el esfuerzo por perseverar en el camino hacia la consecución de mejores condiciones de vida.

El uso de la energía eléctrica está presente en prácticamente todas las actividades humanas. Su disponibilidad es un requisito imprescindible para el desarrollo y la posibilidad de llevar una vida digna. La energía eléctrica es necesaria casi en la misma medida que se dispone de un adecuado aprovisionamiento de agua. También con electricidad se pueden dotar de recursos hídricos a los grandes y pequeños conglomerados humanos en las debidas condiciones de salubridad. Agua y energía son el germen para conseguir las condiciones sanitarias adecuadas y coadyuvar a optimizar en la producción de alimentos.

Pese a que desde la década de 1990 la Organización Mundial de la Salud (oms) impulsó un marco normativo y ético internacional, con un contenido que privilegia la ética, la seguridad, la equidad y la trasparencia en relación con la donación y el trasplante, se identifican prácticas que desbordan los límites impuestos por los marcos jurídicos o que dicta la ética. El desarrollo de este gran marco jurídico y ético, que encontró su expresión y adaptación en muchos países, alienta a nivel global la erradicación de dichas prácticas inadmisibles, incluso los resultados de asambleas posteriores a los primeros esfuerzos de la oms acrecientan las bases para diseñar y ejecutar programas internacionales y gubernamentales para mejorar las tasas de donación y trasplante en los propios contextos nacionales, y evitar el tráfico de órganos humanos.

Desde finales del siglo xx la mayoría de los países experimentaron un proceso que se ha dado en llamar globalización; uno de sus efectos principales es la competencia entre las economías nacionales. El proceso de globalización tiene como características distintivas la reducción del papel del Estado, así como la privatización de las empresas públicas, la apertura del comercio exterior y la revalorización de la inversión extrajera directa en los países.