Documentos de Trabajo

En este documento revisaremos el papel social de la banca de desarrollo, el instrumento para impulsar la prosperidad que tiene el gobierno federal más a la mano. En particular, abordaremos el caso del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (Focir), cuyo propósito de origen era financiar proyectos productivos en el campo mexicano, siempre que el sector social estuviera representado en el capital social de empresas agroindustriales exitosas. Esto es, los campesinos organizados, que pasaron del ejido a empleos bien remunerados; de la propiedad colectiva, a la tenencia de acciones individuales.

Uno de los grandes fracasos nacionales han sido, durante todo el siglo XX, los aprovechamientos hídricos para riego agrícola. Varios son los ejes que conforman dicha ecuación: el alto consumo de agua que demandan los cultivos, la poca eficiencia en la relación entre uso de agua y la producción agrícola, la sinergia burocrática que acompañaron un corporativismo o asistencialismo infestado de prácticas clientelares y patrimonialistas, así como la erosión de extensas zonas agrícolas por la práctica del monocultivo; más aún, los atrasos tecnológicos en la práctica agrícola.

A veces las visiones del presente concordarán con las del futuro, todo depende de las pruebas documentales que avalen dicha coincidencia interpretativa y que no sean desmentidas por nuevos documentos o testimonios fehacientes que alteren lo que hasta entonces se asumía como verdad convenida.

Esta discusión se vuelve pertinente cuando acaban de cumplirse 40 años de las reformas que abrieron las primeras esclusas de la democracia electoral y 20 de las votaciones que inauguraron la alternancia política.

Las declaraciones, amenazas y tuits de Donald Trump durante su campaña y en lo que va de su primer año en la Casa Blanca han versado sobre los más diversos temas, la mayoría de ellos discriminatorios, contradictorios y de escaza profundidad. Este documento aborda aquellos señalamientos que se centran en su postura proteccionista y su crítica al modelo económico de libre comercio; el polémico empresario-presidente afirma que el actual sistema ha dejado sin trabajo a un amplio sector de la sociedad estadounidense.

En este documento se expone un breve análisis sobre la vinculación entre dos problemas que se observan en México y que inciden en el ingreso de la población y por ende en su calidad de vida: el restringido poder adquisitivo, la dudosa vinculación entre el nivel de escolaridad y el ingreso salarial, así como la dificultad de promover el incremento salarial cuando el salario se considera un costo laboral inflacionario; y por otro lado el problema de que el restringido ingreso salarial impide obtener una pensión contributiva digna para la vejez.

El documento analizará la composición de los ingresos públicos, principalmente el impacto de la liberalización de los precios de la gasolina y la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios (IEPS); posteriormente se observará el comportamiento del tipo de cambio para este 2017. El objetivo del documento es exponer cómo dos variables que forman parte del marco de referencia para los ingresos del sector público impactaron durante el periodo 2016 y 2017 los ingresos de las familias.

Este documento pretende dilucidar sobre cuatro aspectos fundamentales en la búsqueda por abrir caminos más amplios al desarrollo sustentable. El primero tiene que ver con la relación entre economía y medio ambiente, ya que está claro que la disciplina económica debe dejar atrás el paradigma de que la riqueza es inagotable y asumir, en cambio, que el capital natural es escaso y está en franco declive debido a las prácticas depredadoras del hombre. El segundo es referir lo relacionado con la sustentabilidad ambiental a partir de un análisis de tendencias que refleje el estado actual que guardan los acervos de capital natural. El tercero estriba en ver cómo se puede enriquecer el cuerpo teórico del pensamiento económico a partir de las aportaciones que brinda la economía verde. Por último, el cuarto aborda aquellos elementos del desarrollo sustentable que son susceptibles de incorporarse al modelo de desarrollo económico sustentable hablando, ya aquí, de modo particular, del diseño de una política económica que sea inclusiva con el medio ambiente.

El presente documento intenta destacar la importancia de abordar el tema de la equidad de géneros desde una óptica inclusiva para evitar la construcción unidireccional de políticas públicas para la atención de este fenómeno. Se destaca “el peligro que representa abordar cualquier tema desde la óptica exclusiva de los discursos dominantes a través de los cuales se crean perspectivas únicas que no representan la multiplicidad de sujetos y de voces que existen dentro de una misma cultura,”[1] a través de lo cual se crean estereotipos respecto a sujetos, géneros y colectividades, lo que a todas luces impide evaluar de forma analítica las metamorfosis o procesos que surgen en todo ente vivo como lo es cualquier sociedad, pero también en grupos e incluso en lo individual.

[1] Simonovis, Leonora. (2011). Del peligro de una sola historia al poder de “otras” historias. Universidad Of San Diego. Fecha de consulta: 27 de agosto de 2017. Recuperado de: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0459-12832011000100001

Año y medio después de su instauración, la Secretaría de Cultura (SC) obtuvo la herramienta legal más importante para fortalecer el sector. Se trata, naturalmente, de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales (LGCDC). Esta disposición, sancionada el 27 de abril pasado por la Cámara alta con 85 votos a favor y tres en contra y por la Cámara baja con 366 votos a favor, 2 en contra y una abstención, instaura las bases para el ejercicio de los derechos culturales previstos en el artículo 4º de nuestra Carta Magna[1] desde 2009. Producto de negociaciones legislativas, foros, consultas con el medio artístico-cultural y trabajos tête à tête entre un Consejo Redactor compuesto por especialistas, la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados y la Comisión de Cultura del Senado, la LGCDC contiene 5 títulos, 42 artículos y 6 artículos transitorios que fijan las reglas para operar las políticas culturales del Estado mexicano.

[1] Que, no olvidemos, dicta lo siguiente: “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural”. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, Cámara de Diputados, 2014, pp. 13-14.

Para finales del siglo XVIII era común que los nacidos en este continente se llamasen a sí mismos “americanos”, tanto al norte, como al sur de la frontera que entonces marcaba Coahuila y su extensión texana, entre dos exitosos experimentos colonizadores, Nueva España y Nueva Inglaterra. Apelativo para distinguirse de los nacidos en Europa, quienes mantenían privilegios políticos y comerciales que terminaron por detonar la independencia de ambos países.