La generación de conocimiento científico permite encontrar diversos medios para comprender la realidad, además de facilitar la detección y resolución de problemas concretos. Para cualquier estudio social es indispensable un análisis metodológico, con el fin de identificar los problemas y analizar cada factor que interfiere en el objeto de estudio.Por la razón anterior, este libro permite comprobar los vínculos académicos, entre investigadores sociales, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) y el ejercicio legislativo con el fin de fortalecer el conocimiento y mostrar propuestas para contribuir al bienestar del país.Cada año participan en el certamen, investigadores especializados en distintas disciplinas como: sociología, ciencia política, economía,derecho, pedagogía, psicología, antropología, entre algunas otras, así como personas interesadas en la investigación social.

El documento parte de la identificación a escala internacional de los diseños conceptuales y metodológicos que han permitido estimar el número de personas con discapacidad a escala mundial y en particular en México. Se hace una breve recapitulación de los principales instrumentos normativos a escala internacional y a nivel federal, para México, con relación a este tema. Asimismo, con los resultados más recientes de censos y encuestas en México se presentan algunos indicadores básicos por edad, sexo y distribución territorial de la población con discapacidad.

El índice Global de Paz 2017 (IGP), en su onceava edición, clasifica a 163 estados y territorios independientes de acuerdo con su nivel de paz. Este reporte presenta un análisis exhaustivo a partir de datos actuales sobre las tendencias de paz, su valor económico y sobre cómo desarrollar sociedades pacíficas.
El IGP cubre 99.7% de la población mundial, utiliza 23 indicadores cualitativos y cuantitativos de fuentes respetadas, y mide el nivel de paz usando tres temáticas: el nivel de seguridad y protección social, el alcance del conflicto nacional e nternacional en curso y el grado de militarización.

Ante la implacable e inesperada fuerza de la naturaleza que experimentaron la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla y Oaxaca en agosto y en mayor medida el 19 de septiembre de 2017, es necesario reflexionar y analizar algunos de los hechos ocurridos posterior a los derrumbes. Sucesos que pusieron en evidencia que no obstante los gigantescos esfuerzos de distintas instituciones y gobiernos durante tres décadas para crear una cultura de prevención y acción durante fenómenos naturales, esta cultura de protección y reacción puede ser perfectible, pues los movimientos telúricos de 2017 permitieron identificar que aún existen retos que deben ser atendidos.

La política ambiental en nuestro país se rige, básicamente, por los acuerdos y compromisos que se han asumido ante organismos internacionales como la Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (unfccc, por sus siglas en inglés) que efectúa los encuentros denominados Conferencias de las Partes (cop, por sus siglas en inglés), con el objeto de revisar las recomendaciones de la Convención donde además se firman acuerdos sobre la reducción de gases contaminantes y se busca frenar el incremento en la temperatura global. Por otro lado, se tienen obligaciones ante la misma onu a través de los objetivos de desarrollo sostenible (ods) que poseen sus propios indicadores ambientales.[1]

[1] El presente En Contexto deriva del “Seminario de medio ambiente y recursos naturales” que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados bajo la coordinación del programa “Lead-México” de El Colegio de México con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y las comisiones de Agua Potable y Saneamiento, y de Cambio Climático de la Cámara baja, entre otros.

El presente trabajo fue planeado para conocer el “presupuesto para el desarrollo regional”, aunque, como tal, no exista en el Presupuesto de Egresos de la Federación—, por tanto, para estudiarlo debemos considerar al conjunto de rubros pertinentes incluidos en i) el Ramo 23, “Provisiones salariales y económicas”, junto con los correspondientes regionales en ii) el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (pec). Aquí también hallará la comparación de los recursos aprobados para 2017 y 2018, así como un desglose de los recursos asignados para el estado de Chiapas en este último año.